El Frente Panamá Soberano (FPS) ve con preocupación y alarma las tácticas utilizadas por el Gobierno Nacional en torno al pacto comercial negociado y, aparentemente, firmado con EEUU el pasado 19 de diciembre de 2006. El llamado “Tratado de Libre Comercio” es el producto de 10 rondas en que negociadores de ambos países llegaron a amplios acuerdos que le permitirían a EEUU tener acceso al mercado interno de Panamá. A cambio, EEUU no ofrece aliciente alguno para que la producción o servicios panameños tengan acceso al mercado de ese país de manera expedita y favorable.
Crea alarma la insistencia del Gobierno Nacional de no compartir con el país el texto del acuerdo firmado con EEUU. Funcionarios de Washington han emitido opiniones mediante comunicados oficiales señalando los beneficios que el pacto representa para sus productores, inversionistas y comerciantes. Sin embargo, en Panamá el silencio y las maniobras de relaciones públicas es lo único que se conoce al respecto. El Presidente de la República se congratuló por el acuerdo. El Gobierno también declaró oficialmente que era “el mejor tratado que se podía negociar”. A pesar de estos pronunciamientos, el país se encuentra ajena a los pactado.
En el caso de Panamá, según la información que ha dado a conocer el gobierno de EEUU, el pacto significará que el pueblo (los consumidores, en general) tendrá que asumir el aumento de precios en productos de salud (medicamentos y atención de salud), de educación, de seguridad social, de transporte y de alimentos (canasta básica).
El pacto también tendrá impactos directos sobre sectores específicos de la población como son los productores agropecuarios, los profesionales y los trabajadores. En el caso de los productores agropecuarios panameños, perderán su acceso al mercado nacional y tendrán que abandonar sus tierras. El mercado panameño será inundado con productos agropecuarios norteamericanos que no encuentran compradores en su país. El país abandonará totalmente su política de seguridad alimenticia al no consumir su propia producción de arroz, carne y otros rubros.
En el caso de los profesionales, el pacto le permitirá a EEUU introducir a sus propios especialistas en Panamá para trabajar como si fueran nacionales. Según los negociadores norteamericanos, “se le dará acceso a los servicios profesionales que antes estaban reservados exclusivamente a panameños”.
El sector laboral también será impactado por lo acordado con EEUU. Desde hace 20 años, las políticas de flexibilización y de desregularización han disminuido en un 50 por ciento la fuerza laboral panameña. El pacto con EEUU significaría un incremento aún mayor del sector de empleo informal – que ya representa el 40 por ciento de la población economicamente activa - que sobrevive por debajo de la línea de pobreza.
A estos acuerdos comerciales desventajosos, hay que agregar que Panamá aceptará que sus políticas sean objeto de inspecciones y castigos por parte de EEUU. Se instalarán, entre otros, Comités de Apoyo Comercial, un Consejo de Asuntos Ambientales, mecanismos de arbitraje para inversionistas y la Dirección de Aduanas de EEUU participará en un Programa de Monitoreo panameño.
Panamá también le concede a empresas de EEUU acceso a participar en los asuntos del Canal de Panamá y en el manejo de los fondos de pensión de la Caja de Seguro Social, como si fueran nacionales.
Estos puntos son los planteados por la oficina de negociadores norteamericanos. Causa alarma que el Gobierno Nacional no dé a conocer el texto de lo pactado para desmentir estos alegatos o para confirmarlos. El pueblo panameño no aceptará un pacto con EEUU que perjudique a los trabajadores y a los productores. No aceptará un acuerdo que signifique un retroceso en las conquistas logradas después de luchas generacionales (seguridad social, Canal de Panamá, educación, entre otras).
PANAMA NO ACEPTARA UN PACTO ANTINACIONAL
FRENTE PANAMA SOBERANO
Panamá, 9 de enero de 2007.
sábado, 31 de enero de 2009
LA ABSTENCIÓN TRIUNFA EN REFERÉNDUM
Marco A. Gandásegui, hijo
Miembro de la directiva del FPS
Profesor de la Universidad de Panamá / investigador asociado del CELA
Con sólo el 30 por ciento del voto favorable, el gobierno panameño se proclamó triunfador en el referéndum celebrado el domingo, 22 de octubre, convocado para decidir si se acepta una propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El 60 por ciento de la población electoral se abstuvo de participar en el referéndum convocado por el gobierno.
Más de 1.2 millones de panameños castigó la propuesta absteniéndose de concurrir a las urnas. El padrón electoral lo forma un total de 2.1 millones de ciudadanos. De ese total, 693 mil panameños apoyaron la propuesta de ampliación del Canal de Panamá que les presentó el gobierno del presidente Martín Torrijos. Otros 200 mil rechazaron la propuesta.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL REFERÉNDUM
CELEBRADO EL 22 DE OCTUBRE DE 2006: TRIBUNAL ELECTORAL
Total 2,132,000
Si 693,660
No 195,002
Abstención 1,254,438
Fuente: La Prensa y otros medios nacionales e internacionales, 23 de octubre de 2006.
En los últimos referéndum celebrados en Panamá en 1992 y 1998, el 40 y el 30 por ciento, respectivamente, de la población electoral se abstuvo. En elecciones generales realizadas en 1999 y 2004 el 25 por ciento de la población electoral se abstuvo.
La alta abstención electoral en el referéndum del 22 de octubre de 2006 es un mensaje que el pueblo panameño le está enviando al gobierno. Se quiere impedir que el gobierno interprete su triunfo como un mandato del pueblo para proceder a ejecutar la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El gobierno deberá revisar todos los detalles técnicos y económicos de su propuesta que fueron duramente criticados durante la campaña que precedió el referéndum. Igualmente, tendrá que hacer realidad un plan de desarrollo nacional para enmarcar la propuesta de ampliación de la vía acuática.
Los grupos que formaron las fuerzas políticas detrás del No tendrán que continuar presionando al gobierno a nombre del pueblo panameño para evitar que la propuesta de ampliación del Canal endeude el país y, a la vez, la corrupción se adueñe de su ejecución poniendo en peligro la economía del país.
La propuesta de ampliación del Canal, presentada por el gobierno y aprobada en el referéndum, ha sido muy criticada por subestimar los costos de la construcción del tercer juego esclusas. Igualmente, sobre estima los ingresos provenientes de los peajes que le cobra a los usuarios de la vía acuática.
El financiamiento de la obra también tiene serias fallas. El gobierno nacional calcula que la ampliación del Canal, que durará 7 años (entre 2007 y 2013), costará US$5.25 millones y se pagará con el incremento anual de los peajes. Sin embargo, al introducir correctivos a los planos conceptuales de las esclusas aumentarán los costos que no podrán ser cubiertos por el incremento de los peajes. Estos últimos tampoco son muy seguros ya que muchas navieras se han mostrado poco anuentes a pagar más.
Se ha denunciado la posibilidad de que ante la falta de recursos para pagar la obra, el gobierno nacional tenga que endeudarse para cubrir las inversiones necesarias. En la actualidad, la deuda del gobierno panameño supera los US$10 mil millones (para un país de 3 millones de habitantes). Los nuevos compromisos podrían incrementar la deuda a US$15 mil millones y las amortizaciones anuales a US$1,500 millones para un presupuesto que apenas supera los US$7 mil millones.
El gobierno nacional también desistió de exagerar en torno al número de empleos que supuestamente iba a generar la construcción del tercer juego de esclusas. En su campaña de promoción de la obra mencionó que se crearían 250 mil empleos. Al final aceptó que serían un promedio anual de 3 mil empleos. La obra también presenta serios riesgos ambientales para el agua que consume la población urbana que rodea el Canal y también no toma en cuenta el deterioro que puede representar para las ciudades terminales de Panamá y Colón.
El referéndum del domingo, 22 de octubre, se destacó por las múltiples denuncias contra los abusos cometidos por los grupos gubernamentales que promovían la aprobación de la propuesta de ampliación del Canal. En todos los centros de votación, grupos entrenados se tomaban los locales, tanto adentro como afuera para garantizar su control de las entradas y los movimientos de todos los ciudadanos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir los reglamentos, así la como la Fuerza Pública (Policía Nacional), no intervinieron ante las protestas de quienes se sentían amedrentados por los abusos.
Sectores vinculados a los sectores que rechazaron la propuesta de ampliación anunciaron en una conferencia de prensa posterior al referéndum la posibilidad de organizar un Movimiento por el Rescate del Canal de Panamá que enfatizará la necesidad de poner los recursos que genera la vía acuática al servicio del país y de la población panameña.
Panamá, 23 de octubre de 2006.
Miembro de la directiva del FPS
Profesor de la Universidad de Panamá / investigador asociado del CELA
Con sólo el 30 por ciento del voto favorable, el gobierno panameño se proclamó triunfador en el referéndum celebrado el domingo, 22 de octubre, convocado para decidir si se acepta una propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El 60 por ciento de la población electoral se abstuvo de participar en el referéndum convocado por el gobierno.
Más de 1.2 millones de panameños castigó la propuesta absteniéndose de concurrir a las urnas. El padrón electoral lo forma un total de 2.1 millones de ciudadanos. De ese total, 693 mil panameños apoyaron la propuesta de ampliación del Canal de Panamá que les presentó el gobierno del presidente Martín Torrijos. Otros 200 mil rechazaron la propuesta.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL REFERÉNDUM
CELEBRADO EL 22 DE OCTUBRE DE 2006: TRIBUNAL ELECTORAL
Total 2,132,000
Si 693,660
No 195,002
Abstención 1,254,438
Fuente: La Prensa y otros medios nacionales e internacionales, 23 de octubre de 2006.
En los últimos referéndum celebrados en Panamá en 1992 y 1998, el 40 y el 30 por ciento, respectivamente, de la población electoral se abstuvo. En elecciones generales realizadas en 1999 y 2004 el 25 por ciento de la población electoral se abstuvo.
La alta abstención electoral en el referéndum del 22 de octubre de 2006 es un mensaje que el pueblo panameño le está enviando al gobierno. Se quiere impedir que el gobierno interprete su triunfo como un mandato del pueblo para proceder a ejecutar la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El gobierno deberá revisar todos los detalles técnicos y económicos de su propuesta que fueron duramente criticados durante la campaña que precedió el referéndum. Igualmente, tendrá que hacer realidad un plan de desarrollo nacional para enmarcar la propuesta de ampliación de la vía acuática.
Los grupos que formaron las fuerzas políticas detrás del No tendrán que continuar presionando al gobierno a nombre del pueblo panameño para evitar que la propuesta de ampliación del Canal endeude el país y, a la vez, la corrupción se adueñe de su ejecución poniendo en peligro la economía del país.
La propuesta de ampliación del Canal, presentada por el gobierno y aprobada en el referéndum, ha sido muy criticada por subestimar los costos de la construcción del tercer juego esclusas. Igualmente, sobre estima los ingresos provenientes de los peajes que le cobra a los usuarios de la vía acuática.
El financiamiento de la obra también tiene serias fallas. El gobierno nacional calcula que la ampliación del Canal, que durará 7 años (entre 2007 y 2013), costará US$5.25 millones y se pagará con el incremento anual de los peajes. Sin embargo, al introducir correctivos a los planos conceptuales de las esclusas aumentarán los costos que no podrán ser cubiertos por el incremento de los peajes. Estos últimos tampoco son muy seguros ya que muchas navieras se han mostrado poco anuentes a pagar más.
Se ha denunciado la posibilidad de que ante la falta de recursos para pagar la obra, el gobierno nacional tenga que endeudarse para cubrir las inversiones necesarias. En la actualidad, la deuda del gobierno panameño supera los US$10 mil millones (para un país de 3 millones de habitantes). Los nuevos compromisos podrían incrementar la deuda a US$15 mil millones y las amortizaciones anuales a US$1,500 millones para un presupuesto que apenas supera los US$7 mil millones.
El gobierno nacional también desistió de exagerar en torno al número de empleos que supuestamente iba a generar la construcción del tercer juego de esclusas. En su campaña de promoción de la obra mencionó que se crearían 250 mil empleos. Al final aceptó que serían un promedio anual de 3 mil empleos. La obra también presenta serios riesgos ambientales para el agua que consume la población urbana que rodea el Canal y también no toma en cuenta el deterioro que puede representar para las ciudades terminales de Panamá y Colón.
El referéndum del domingo, 22 de octubre, se destacó por las múltiples denuncias contra los abusos cometidos por los grupos gubernamentales que promovían la aprobación de la propuesta de ampliación del Canal. En todos los centros de votación, grupos entrenados se tomaban los locales, tanto adentro como afuera para garantizar su control de las entradas y los movimientos de todos los ciudadanos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir los reglamentos, así la como la Fuerza Pública (Policía Nacional), no intervinieron ante las protestas de quienes se sentían amedrentados por los abusos.
Sectores vinculados a los sectores que rechazaron la propuesta de ampliación anunciaron en una conferencia de prensa posterior al referéndum la posibilidad de organizar un Movimiento por el Rescate del Canal de Panamá que enfatizará la necesidad de poner los recursos que genera la vía acuática al servicio del país y de la población panameña.
Panamá, 23 de octubre de 2006.
POR UN MOVIMIENTO NACIONAL UNITARIO POR EL NO
Palabras pronunciadas por Humberto Ricord, coordinador de la Unión Nacional por el No, UNNO, en la Asamblea convocada por FRENADESO en el Auditórium J. Dolores Moscote de la Universidad de Panamá, el 17 de julio de 2006.
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE FRENADESO:
Demás compañeras y compañeros presentes:
Permítanme hacer uso de la palabra en mi condición de coordinador de la UNION NACIONAL POR EL NO, cuyas letras iniciales leemos como UN-NO.
La ambición desmedida de ciertos gobernantes panameños de hoy ha colocado a nuestro pequeño país ante la disyuntiva real y precipitada de hacerle frente a la propuesta elaborada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), relativa a la construcción de un tercer juego de esclusas en la vía acuática. Se procede con el pretexto de que es necesario aprovechar las condiciones actuales y futuras del comercio marítimo mundial. Se quiere lanzar al país en tal construcción, bajo la creencia de que un número creciente de naves post-Panamax, será construido en un tiempo más o menos cercano. Si no actuamos así, el gobierno dice que quedaríamos retrasados y que sería muy posible enfrentar una eventual obsolescencia del Canal panameño.
En los últimos años ha sido tan persistente esta versión de la Autoridad del Canal, que el nuevo Gobierno decidió sumarse a tal aventura. El salto podría concluir en un grave e irreversible fracaso económico, el cual caería en forma aplastante sobre nuestra ya empobrecida economía nacional. Una economía que hoy presenta un déficit de 40% de pobreza extrema, un millón y medio de nacionales. La obra aumentará indefectiblemente, tanto en el porcentaje de pobreza, como en la profundidad desastrosa de su realidad actual.
No ha sido la mayoría de la población panameña la que ha recibido con aplausos desmesurados ese plan tan ambicioso como falaz. En cambio, sí lo ha validado un grupo capitalista de nacionales y extranjeros arraigados en nuestro solar, quienes han batido palmas en apoyo de semejante aventura económica.
Con toda satisfacción hemos respondido a la invitación que nos ha extendido el FRENTE NACIONAL POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (FRENADESO), porque estamos seguros de que esa propuesta tan engañosa del tercer juego de esclusas, recibirá la condigna respuesta de la gran mayoría del pueblo panameño. Conocemos los antecedentes de lucha popular de organizaciones como FRENADESO, que en forma clara y definida, han decidido hacerle frente a los embates de la ACP y del gobierno, en su decisión de imponer el nefasto proyecto de nuevas esclusas.
Es imposible pasar por alto la realidad política vivida por todos los panameños en los últimos días. El Gobierno presentó a la Asamblea un apresurado proyecto de Ley, con el propósito de reglamentar el referéndum. De las mismas bancadas oficialistas salieron críticas que obligaron al Gobierno a dar marcha atrás. Aún no habían terminado esas críticas el sábado, 8 de julio de 2006, cuando el propio Gobierno reemplazó el primer proyecto con un segundo documento el lunes, 10 de julio. Así fue muy escaso el interregno formal transcurrido ese mismo día lunes 10 de julio, para reemplazar un documento por otro, lo cual fue el resultado de cambios cosméticos que se tenían pre-fabricados. Lo importante para la ACP y el Gobierno era la aprobación del proyecto de Ley para el referéndum en la forma que fuese y, así, recibió el voto unánime de todos los 72 diputados presentes en la votación del día 18, en la noche.
Lo ocurrido en la Asamblea, y en especial, la bochornosa unanimidad de todos los diputados nos previene de que el Gobierno, a instancias de la ACP, está dispuesto a todo lo que fuere necesario para manejar pirotécnicamente lo relacionado con el próximo referéndum.
COMPAÑEROS DIRIGENTES CONVOCADOS A ESTE ENCUENTRO: Hay que vigilar esa fórmula del referéndum, sobre todo, el día de la elección que será justamente dentro de tres meses, el mínimo constitucional. No estamos frente a una simple elección de cada cinco años. Será necesario que todo el pueblo vaya a votar en favor del NO y que vigile la honestidad de esa elección, para evitar un fraude que pareciera estar en marcha. El Gobierno sabe que el voto NO está subiendo en cantidades justificadas y normales, porque reconoce que su derrota es posible. Ese justo triunfo del NO en el referéndum sobre el Canal no es una novedad en nuestro medio. En el pasado inmediato el pueblo panameño resultó triunfador en sus luchas contra las reformas constitucionales que permitirían la re-elección presidencial, el proyecto de privatización del IDAAN y la instalación en suelo panameño del llamado Centro Multilateral Antidrogas (CMA).
Para lograr el triunfo del pueblo en este referéndum, tal como lo fue en las luchas mencionadas, es indispensable que los grupos de mayor cantidad de miembros y de mayor arrastre de masas vigilen en las urnas el día de la elección y los días subsiguientes, cuando se hagan los cómputos centralizados. Sería quijotesco no desplegar a la población, para que cuide su propio triunfo.
Perdonen ustedes que me haya excedido un tanto, pero el destino inmediato de la Patria y de los años venideros, exige la conducta que he descrito. Debemos formar un movimiento nacional unitario y consistente, en toda la geografía panameña, para promover el NO y evitar el fraude. Y como sabemos ya qué dice la papeleta, el NO aplastante del pueblo panameño comenzará a señalar mejores días, porque necesitamos una revolución democrática y no unas esclusas que comenzarán con un fraude impuesto, pero utilizando el nombre de nuestro pueblo.
VIVA EL PUEBLO
HUMBERTO RICORD
Coordinador
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE FRENADESO:
Demás compañeras y compañeros presentes:
Permítanme hacer uso de la palabra en mi condición de coordinador de la UNION NACIONAL POR EL NO, cuyas letras iniciales leemos como UN-NO.
La ambición desmedida de ciertos gobernantes panameños de hoy ha colocado a nuestro pequeño país ante la disyuntiva real y precipitada de hacerle frente a la propuesta elaborada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), relativa a la construcción de un tercer juego de esclusas en la vía acuática. Se procede con el pretexto de que es necesario aprovechar las condiciones actuales y futuras del comercio marítimo mundial. Se quiere lanzar al país en tal construcción, bajo la creencia de que un número creciente de naves post-Panamax, será construido en un tiempo más o menos cercano. Si no actuamos así, el gobierno dice que quedaríamos retrasados y que sería muy posible enfrentar una eventual obsolescencia del Canal panameño.
En los últimos años ha sido tan persistente esta versión de la Autoridad del Canal, que el nuevo Gobierno decidió sumarse a tal aventura. El salto podría concluir en un grave e irreversible fracaso económico, el cual caería en forma aplastante sobre nuestra ya empobrecida economía nacional. Una economía que hoy presenta un déficit de 40% de pobreza extrema, un millón y medio de nacionales. La obra aumentará indefectiblemente, tanto en el porcentaje de pobreza, como en la profundidad desastrosa de su realidad actual.
No ha sido la mayoría de la población panameña la que ha recibido con aplausos desmesurados ese plan tan ambicioso como falaz. En cambio, sí lo ha validado un grupo capitalista de nacionales y extranjeros arraigados en nuestro solar, quienes han batido palmas en apoyo de semejante aventura económica.
Con toda satisfacción hemos respondido a la invitación que nos ha extendido el FRENTE NACIONAL POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (FRENADESO), porque estamos seguros de que esa propuesta tan engañosa del tercer juego de esclusas, recibirá la condigna respuesta de la gran mayoría del pueblo panameño. Conocemos los antecedentes de lucha popular de organizaciones como FRENADESO, que en forma clara y definida, han decidido hacerle frente a los embates de la ACP y del gobierno, en su decisión de imponer el nefasto proyecto de nuevas esclusas.
Es imposible pasar por alto la realidad política vivida por todos los panameños en los últimos días. El Gobierno presentó a la Asamblea un apresurado proyecto de Ley, con el propósito de reglamentar el referéndum. De las mismas bancadas oficialistas salieron críticas que obligaron al Gobierno a dar marcha atrás. Aún no habían terminado esas críticas el sábado, 8 de julio de 2006, cuando el propio Gobierno reemplazó el primer proyecto con un segundo documento el lunes, 10 de julio. Así fue muy escaso el interregno formal transcurrido ese mismo día lunes 10 de julio, para reemplazar un documento por otro, lo cual fue el resultado de cambios cosméticos que se tenían pre-fabricados. Lo importante para la ACP y el Gobierno era la aprobación del proyecto de Ley para el referéndum en la forma que fuese y, así, recibió el voto unánime de todos los 72 diputados presentes en la votación del día 18, en la noche.
Lo ocurrido en la Asamblea, y en especial, la bochornosa unanimidad de todos los diputados nos previene de que el Gobierno, a instancias de la ACP, está dispuesto a todo lo que fuere necesario para manejar pirotécnicamente lo relacionado con el próximo referéndum.
COMPAÑEROS DIRIGENTES CONVOCADOS A ESTE ENCUENTRO: Hay que vigilar esa fórmula del referéndum, sobre todo, el día de la elección que será justamente dentro de tres meses, el mínimo constitucional. No estamos frente a una simple elección de cada cinco años. Será necesario que todo el pueblo vaya a votar en favor del NO y que vigile la honestidad de esa elección, para evitar un fraude que pareciera estar en marcha. El Gobierno sabe que el voto NO está subiendo en cantidades justificadas y normales, porque reconoce que su derrota es posible. Ese justo triunfo del NO en el referéndum sobre el Canal no es una novedad en nuestro medio. En el pasado inmediato el pueblo panameño resultó triunfador en sus luchas contra las reformas constitucionales que permitirían la re-elección presidencial, el proyecto de privatización del IDAAN y la instalación en suelo panameño del llamado Centro Multilateral Antidrogas (CMA).
Para lograr el triunfo del pueblo en este referéndum, tal como lo fue en las luchas mencionadas, es indispensable que los grupos de mayor cantidad de miembros y de mayor arrastre de masas vigilen en las urnas el día de la elección y los días subsiguientes, cuando se hagan los cómputos centralizados. Sería quijotesco no desplegar a la población, para que cuide su propio triunfo.
Perdonen ustedes que me haya excedido un tanto, pero el destino inmediato de la Patria y de los años venideros, exige la conducta que he descrito. Debemos formar un movimiento nacional unitario y consistente, en toda la geografía panameña, para promover el NO y evitar el fraude. Y como sabemos ya qué dice la papeleta, el NO aplastante del pueblo panameño comenzará a señalar mejores días, porque necesitamos una revolución democrática y no unas esclusas que comenzarán con un fraude impuesto, pero utilizando el nombre de nuestro pueblo.
VIVA EL PUEBLO
HUMBERTO RICORD
Coordinador
viernes, 30 de enero de 2009
DESARROLLO NACIONAL Y AMPLIACION DEL CANAL DE PANAMA
Resolución del FPS
Considerando que el gobierno panameño promueve una política orientada hacia el desmantelamiento del sector productivo de la economía nacional,
Concientes que esta política antinacional entrega todos los recursos y riquezas del país a agentes trasnacionales que tienden a incrementar la explotación y la pobreza de los trabajadores panameños,
Conocedores de la complicidad entre gobierno nacional y junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para convertir el Canal de Panamá en una fuente de riqueza para los grandes intereses navieros y sus socios locales y
Teniendo en cuenta que el gobierno no ha presentado propuesta alguna para incorporar el Canal de Panamá y los proyectos de ampliación a un plan de desarrollo nacional
RESUELVE
Exigirle al gobierno nacional un cambio radical en su política que le permita al país invertir recursos en los sectores productivos de su economía,
Exigir que el gobierno ponga fin a la política entreguista de los recursos del país a los agentes trasnacionales,
Exigir la participación de todos los sectores sociales del país en la junta directiva de la ACP cuyos puestos han sido monopolizados por intereses especuladores y defensores de los navieros extranjeros, y
Denunciar y rechazar cualquier proyecto de ampliación del Canal de Panamá que no responda a un plan de desarrollo nacional que tome en cuenta los intereses de todos los panameños, de todas las provincias y, especialmente, de los trabajadores. Dado el 6 de abril de 2006.
Considerando que el gobierno panameño promueve una política orientada hacia el desmantelamiento del sector productivo de la economía nacional,
Concientes que esta política antinacional entrega todos los recursos y riquezas del país a agentes trasnacionales que tienden a incrementar la explotación y la pobreza de los trabajadores panameños,
Conocedores de la complicidad entre gobierno nacional y junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para convertir el Canal de Panamá en una fuente de riqueza para los grandes intereses navieros y sus socios locales y
Teniendo en cuenta que el gobierno no ha presentado propuesta alguna para incorporar el Canal de Panamá y los proyectos de ampliación a un plan de desarrollo nacional
RESUELVE
Exigirle al gobierno nacional un cambio radical en su política que le permita al país invertir recursos en los sectores productivos de su economía,
Exigir que el gobierno ponga fin a la política entreguista de los recursos del país a los agentes trasnacionales,
Exigir la participación de todos los sectores sociales del país en la junta directiva de la ACP cuyos puestos han sido monopolizados por intereses especuladores y defensores de los navieros extranjeros, y
Denunciar y rechazar cualquier proyecto de ampliación del Canal de Panamá que no responda a un plan de desarrollo nacional que tome en cuenta los intereses de todos los panameños, de todas las provincias y, especialmente, de los trabajadores. Dado el 6 de abril de 2006.
EL CANAL DE PANAMA AL SERVICIO DEL DESARROLLO NACIONAL
No a una ampliación que endeude y perjudique a los panameños
El pueblo panameño deberá tomar una decisión trascendental sobre el Canal de Panamá en un corto plazo. La propuesta de ampliación del Canal, cuyo anuncio próximo prepara el gobierno nacional, se encuentra inmersa en un secretismo que presagia sorpresas para los cuales el pueblo y sus organizaciones tienen que estar preparados. La falta de un plan de desarrollo nacional, la ausencia de un programa de financiamiento para las obras que se avecinan y el desprecio por los trabajadores y campesinos, que le es inherente a la propuesta, hace que los panameños dudemos de las intenciones que se encuentran detrás de la ampliación del Canal de Panamá.
Cambios políticos y cambios de rutas
Desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 se han sucedido un conjunto de hechos que han transformado la relación del país con la vía acuática y el comercio marítimo mundial. En 1979 desapareció jurídicamente el territorio conocido como la Zona del Canal de Panamá donde EEUU “actuaba como si fuera soberano”. En 1999 fueron evacuadas las bases militares norteamericanas y Panamá comenzó a administrar el Canal.
Panamá asumió plena responsabilidad sobre la vía acuática que, actualmente, sirve al 4 por ciento del comercio marítimo internacional. Es una responsabilidad que debe ser asumida con precaución y con mucha planificación por lo panameños. Las rutas marítimas que se han utilizado en el comercio internacional, en los últimos dos siglos, han cambiado una y otra vez. En la actualidad, gran parte del comercio marítimo que pasa por el istmo panameño se concentra en las rutas que unen los puertos de Asia oriental con la costa oriental de EEUU.
Historicamente, el comercio marítimo ha crecido con motivo de la expansión económica que ha caracterizado al mundo en los últimos siglos. El Canal de Panamá es el producto de este crecimiento, por lo que se pronostica un futuro seguro para la vía acuática. Sin embargo, las nuevas tecnologías de transporte, los costos del transporte y el desarrollo desigual de los países que conforman el mercado capitalista mundial pueden alterar rapidamente las ventajas relativas que tiene la posición geográfica del Istmo. Más razón para avanzar con cautela sobre cualquier decisión que se pueda tomar con relación al futuro del Canal.
El Canal de Panamá se inauguró en 1914 y al poco tiempo se convirtió en paso obligado de barcos, mercancías y pasajeros provenientes de todas partes del mundo. Su ruta principal, sin embargo, hasta mediados del siglo XX era la que unía las dos costas del continente norteamericano. A fines del siglo XX, la ruta norteamericana fue desplazada por la ruta que une los puertos del lejano oriente con las grandes ciudades del este norteamericano.
Proyectos de ampliación
Poco antes de la segunda guerra mundial (fines de la década de 1930), EEUU inició planes para ampliar el Canal con el fin de pasar barcos de guerra. El proyecto abortó cuando los estrategas norteamericanos cambiaron de planes. La idea de ampliar el Canal de Panamá ha estado presente desde entonces.
En los Tratados del Canal firmados en 1977 se incluyó una cláusula para que Panamá y EEUU estudiaran la viabilidad de ampliar la vía acuática. Con la participación de Japón, que fue invitada con este propósito, una Comisión formada por los tres países recomendó – en 1993 – la ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas. Esta adición le permitiría a barcos con capacidad de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento hacer el tránsito por el Canal de Panamá.
A partir de 1993, los gobiernos de Panamá han estado estudiando la posibilidad de ejecutar la recomendación de la Comisión. Incluso, una reforma a la Constitución Política le entregó la responsabilidad de efectuar el estudio a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y entregar sus resultados al gobierno nacional. Desde hace casi 10 años la ACP adelanta estudios sobre este tema manteniendo al pueblo panameño, en gran parte, ajeno de sus avances.
Todo indica que la ACP está preparada para presentar su propuesta al gobierno en el transcurso de 2006, probablemente en el transcurso del primer semestre. Si el Ejecutivo y la Asamblea de Diputados aprueban una propuesta de la ACP, se tendría que convocar, en un plazo no superior a los tres meses, al pueblo panameño a un referéndum para que dé a conocer su opinión a favor o en contra.
Las fallas en la propuesta que se avecina
La propuesta de la ACP, a pesar de que aún no se conoce oficialmente, tiene un conjunto de fallas que son objeto de críticas por parte de un sector creciente de la opinión pública. Entre los problemas más serios que enfrenta la ACP se puede destacar, en primer lugar, que su visión del Canal no forma parte de un proyecto nacional de desarrollo. Todo indica que su propuesta sólo beneficiaría a los grandes intereses navieros y sus socios que controlan el comercio marítimo mundial.
En segundo lugar, la ACP no tendría una propuesta financiera que le permitiera al país sacar ventajas de esta iniciativa. Por el contrario, para beneficiar algunos intereses particulares, endeudaría el país y, como consecuencia, al pueblo, agudizando los niveles de pobreza y desempleo existentes. Además, en tercer lugar, la propuesta de la ACP parece contener todos los elementos de secretismo y manipulación tradicionales que perjudicaría a sectores importantes de la población e, incluso, pondría en peligro la integridad ambiental y económica del país.
Hacia la constitución de un Frente por el Canal y el Desarrollo
En este contexto es imprescindible que todos los panameños nos preparemos para enfrentar la ofensiva de la ACP y del gobierno. Al mismo tiempo, hay que preparar alternativas viables para que el Canal contribuya al éxito de un plan nacional de desarrollo que tenga como objetivo principal el bienestar de la población panameña. Este es y siempre ha sido el eje sobre el cual se desarrollaron las luchas generacionales que hoy nos permiten observar con orgullo a la bandera nacional sobre las naves que surcan el Canal así como sobre la cima del cerro Ancón.
Mediante esta convocatoria invitamos a todos los panameños y a sus organizaciones, sin distingo alguno, a sumarse al Frente por el Canal y el Desarrollo Nacional y a integrarse a sus comisiones de trabajo. Seguiremos el camino de los panameños que ofrecieron con generosidad sus vidas y sus esfuerzos, a lo largo de muchas generaciones, para que nuestra posición geográfica y el Canal de Panamá le abran oportunidades de superación a una juventud ávida de conocimiento y superación.
Dado el 25 de marzo de 2006 en la ciudad de Panamá.
Comité ejecutivo del
FRENTE PANAMA SOBERANA
El pueblo panameño deberá tomar una decisión trascendental sobre el Canal de Panamá en un corto plazo. La propuesta de ampliación del Canal, cuyo anuncio próximo prepara el gobierno nacional, se encuentra inmersa en un secretismo que presagia sorpresas para los cuales el pueblo y sus organizaciones tienen que estar preparados. La falta de un plan de desarrollo nacional, la ausencia de un programa de financiamiento para las obras que se avecinan y el desprecio por los trabajadores y campesinos, que le es inherente a la propuesta, hace que los panameños dudemos de las intenciones que se encuentran detrás de la ampliación del Canal de Panamá.
Cambios políticos y cambios de rutas
Desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 se han sucedido un conjunto de hechos que han transformado la relación del país con la vía acuática y el comercio marítimo mundial. En 1979 desapareció jurídicamente el territorio conocido como la Zona del Canal de Panamá donde EEUU “actuaba como si fuera soberano”. En 1999 fueron evacuadas las bases militares norteamericanas y Panamá comenzó a administrar el Canal.
Panamá asumió plena responsabilidad sobre la vía acuática que, actualmente, sirve al 4 por ciento del comercio marítimo internacional. Es una responsabilidad que debe ser asumida con precaución y con mucha planificación por lo panameños. Las rutas marítimas que se han utilizado en el comercio internacional, en los últimos dos siglos, han cambiado una y otra vez. En la actualidad, gran parte del comercio marítimo que pasa por el istmo panameño se concentra en las rutas que unen los puertos de Asia oriental con la costa oriental de EEUU.
Historicamente, el comercio marítimo ha crecido con motivo de la expansión económica que ha caracterizado al mundo en los últimos siglos. El Canal de Panamá es el producto de este crecimiento, por lo que se pronostica un futuro seguro para la vía acuática. Sin embargo, las nuevas tecnologías de transporte, los costos del transporte y el desarrollo desigual de los países que conforman el mercado capitalista mundial pueden alterar rapidamente las ventajas relativas que tiene la posición geográfica del Istmo. Más razón para avanzar con cautela sobre cualquier decisión que se pueda tomar con relación al futuro del Canal.
El Canal de Panamá se inauguró en 1914 y al poco tiempo se convirtió en paso obligado de barcos, mercancías y pasajeros provenientes de todas partes del mundo. Su ruta principal, sin embargo, hasta mediados del siglo XX era la que unía las dos costas del continente norteamericano. A fines del siglo XX, la ruta norteamericana fue desplazada por la ruta que une los puertos del lejano oriente con las grandes ciudades del este norteamericano.
Proyectos de ampliación
Poco antes de la segunda guerra mundial (fines de la década de 1930), EEUU inició planes para ampliar el Canal con el fin de pasar barcos de guerra. El proyecto abortó cuando los estrategas norteamericanos cambiaron de planes. La idea de ampliar el Canal de Panamá ha estado presente desde entonces.
En los Tratados del Canal firmados en 1977 se incluyó una cláusula para que Panamá y EEUU estudiaran la viabilidad de ampliar la vía acuática. Con la participación de Japón, que fue invitada con este propósito, una Comisión formada por los tres países recomendó – en 1993 – la ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas. Esta adición le permitiría a barcos con capacidad de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento hacer el tránsito por el Canal de Panamá.
A partir de 1993, los gobiernos de Panamá han estado estudiando la posibilidad de ejecutar la recomendación de la Comisión. Incluso, una reforma a la Constitución Política le entregó la responsabilidad de efectuar el estudio a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y entregar sus resultados al gobierno nacional. Desde hace casi 10 años la ACP adelanta estudios sobre este tema manteniendo al pueblo panameño, en gran parte, ajeno de sus avances.
Todo indica que la ACP está preparada para presentar su propuesta al gobierno en el transcurso de 2006, probablemente en el transcurso del primer semestre. Si el Ejecutivo y la Asamblea de Diputados aprueban una propuesta de la ACP, se tendría que convocar, en un plazo no superior a los tres meses, al pueblo panameño a un referéndum para que dé a conocer su opinión a favor o en contra.
Las fallas en la propuesta que se avecina
La propuesta de la ACP, a pesar de que aún no se conoce oficialmente, tiene un conjunto de fallas que son objeto de críticas por parte de un sector creciente de la opinión pública. Entre los problemas más serios que enfrenta la ACP se puede destacar, en primer lugar, que su visión del Canal no forma parte de un proyecto nacional de desarrollo. Todo indica que su propuesta sólo beneficiaría a los grandes intereses navieros y sus socios que controlan el comercio marítimo mundial.
En segundo lugar, la ACP no tendría una propuesta financiera que le permitiera al país sacar ventajas de esta iniciativa. Por el contrario, para beneficiar algunos intereses particulares, endeudaría el país y, como consecuencia, al pueblo, agudizando los niveles de pobreza y desempleo existentes. Además, en tercer lugar, la propuesta de la ACP parece contener todos los elementos de secretismo y manipulación tradicionales que perjudicaría a sectores importantes de la población e, incluso, pondría en peligro la integridad ambiental y económica del país.
Hacia la constitución de un Frente por el Canal y el Desarrollo
En este contexto es imprescindible que todos los panameños nos preparemos para enfrentar la ofensiva de la ACP y del gobierno. Al mismo tiempo, hay que preparar alternativas viables para que el Canal contribuya al éxito de un plan nacional de desarrollo que tenga como objetivo principal el bienestar de la población panameña. Este es y siempre ha sido el eje sobre el cual se desarrollaron las luchas generacionales que hoy nos permiten observar con orgullo a la bandera nacional sobre las naves que surcan el Canal así como sobre la cima del cerro Ancón.
Mediante esta convocatoria invitamos a todos los panameños y a sus organizaciones, sin distingo alguno, a sumarse al Frente por el Canal y el Desarrollo Nacional y a integrarse a sus comisiones de trabajo. Seguiremos el camino de los panameños que ofrecieron con generosidad sus vidas y sus esfuerzos, a lo largo de muchas generaciones, para que nuestra posición geográfica y el Canal de Panamá le abran oportunidades de superación a una juventud ávida de conocimiento y superación.
Dado el 25 de marzo de 2006 en la ciudad de Panamá.
Comité ejecutivo del
FRENTE PANAMA SOBERANA
EL FPS RECHAZA PROYECTO DE AMPLIACION DEL CANAL DE PANAMA
DECLARACIÓN PÚBLICA
Con respecto a la propuesta de ampliar el Canal de Panamá, por medio de la construcción de un tercer juego de esclusas, a un costo de varios miles de millones de dólares, propuesta que probablemente será sometida a referéndum este año, el Frente Panamá Soberana (FPS) considera, luego de analizar la información disponible, que dicho proyecto sería perjudicial para el país. Ello es así porque:
1. Desde un punto financiero, el proyecto atenta contra los intereses nacionales.
Los estudios de la Comisión Tripartita de las Alternativas del Canal, divulgados en 1993, apuntan a que el proyecto costaría por lo menos siete mil millones de dólares, lo que se invertiría durante un lapso de 6 años, dinero cuya mitad provendría de los excedentes del canal y la otra de préstamos de bancos privados.
Asumiendo un crecimiento intermedio del tránsito por el Canal, las consecuencias de este proyecto serían las de reducir, en cientos de millones anuales, y por casi dos décadas, los beneficios netos potenciales del Canal para Panamá, que deben ingresar al Tesoro Nacional, para cubrir las necesidades de nuestro país.
Y después de esos 15 o 20 años, los exiguos beneficios que arrojaría la inversión no compensarían ni la enorme inversión antes citada, ni el endeudamiento adicional del país.
Si se usa parte de las reservas de la Caja de Seguro Social para financiar parcialmente el proyecto, que es otro objetivo no declarado del Gobierno actual, podría, además, agravarse la crisis del régimen de seguridad social, debido a los riesgos de rentabilidad del proyecto de ampliación del Canal antes referidos.
2. El proyecto tendría consecuencias sociales y ambientales muy negativas.
El proyecto desplazaría a miles de familias de bajos ingresos en el norte de las provincias de Coclé y Colón, cuyas propiedades serían inundadas para suministrar el agua adicional requerida.
La negativa del Gobierno a derogar la Ley 44 de 1999 es la mejor prueba de que dicha intención se mantiene en pie.
El principal impacto ambiental es la ya citada inundación de miles de hectáreas en Coclé y Colón. Pero, además, las tinas de reciclaje, propuestas como abastecedor adicional de agua, podrían contaminar el lago Miraflores, que abastece el sector metropolitano.
3. Pocos serían los beneficiados.
Los principales beneficiarios del proyecto serían las constructoras, bancos, abogados ligados a navieras, así como las navieras y la marina norteamericana, que con las nuevas esclusas podrían trasladar sus barcos porta- contenedores y sus barcos de guerra de gran calado de un océano al otro.
El proyecto además generaría una cantidad aproximada de 6,000 empleos temporales directos, una parte significativa de los cuales serían acaparados por extranjeros y una cantidad similar de empleos indirectos.
Al respecto, el FPS considera que el pueblo panameño obtendría mayores beneficios, empleos, desarrollo, y bienestar social a mediano y largo plazo mejorando e incorporando el Canal de Panamá a un plan de desarrollo nacional, que implique la inversión de sus excedentes de manera más racional, diversificada, solidaria y productiva.
El Gobierno no tiene propuesta alguna para vincular las grandes inversiones en torno al Canal, con otras áreas de desarrollo del país. Panamá tiene grandes ventajas comparativas naturales y artificiales que le permitirían desarrollar proyectos en el sector de transporte, agroindustrial; energético; pesca y ganadería; el turismo ecológico, comercial, de salud y educativo y servicios portuarios.
El Gobierno tampoco ha relacionado el futuro del Canal con las demandas sociales del país. Las grandes inversiones deben ir acompañadas de programas tendientes a fortalecer la salud, la educación, el transporte y el ambiente nacionales. Todos los proyectos gubernamentales deben enmarcarse en una política tendiente a distribuir de manera justa y racional los frutos del desarrollo.
Sin una visión integral sobre lo que podría hacerse con el Canal de Panamá como parte de un plan de desarrollo nacional, el futuro de la vía acuática estará marcado por nuevos conflictos, luchas y protestas populares a lo largo del siglo XXI. En cambio, si nos preocupamos por definir nuestro proyecto de nación, e incluimos el Canal en esa propuesta, garantizamos su plena incorporación al país y su contribución al bienestar de todos los panameños. Este reto sólo lo puede y debe asumir el Gobierno panameño con todos los panameños, sin intervenciones de intereses extranjeros.
4. Problema jurídico del proyecto de ampliación de Canal de Panamá.
El Tribunal Electoral no tiene facultad para reglamentar el referéndum, pues el artículo 327 del Código Electoral (Texto Único), sólo faculta al Tribunal para que, a solicitud del Organo Ejecutivo, “reglamente el referéndum sobre el Tratado o Convenio del Canal”. La reforma constitucional de 2004, en el artículo constitucional 325, inciso 3º., que faculta a la Autoridad del Canal de Panamá (una persona jurídica del mismo nivel que las demás entidades autónomas creadas por Ley) para proponer la construcción de las esclusas, contradice el artículo 315 de la Constitución, el cual establece que “el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación Panameña”; el artículo 1º. de la Constitución, el cual dispone que “la Nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá”; y el artículo 2 de la Constitución, el cual señala que el poder público “lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Estos tres artículos disponen que solamente el Estado, como propietario, puede disponer (proponer) o tomar medidas sobre el Canal, como es la relativa a las esclusas, y no así, una entidad autónoma como lo es la Autoridad del Canal de Panamá.
Mañana o pasado, cualquier persona puede demandar la inconstitucionalidad de cualquier contrato que se celebre para la construcción de las esclusas, ya que es la Autoridad del Canal la que “propone la construcción de las mismas” y después el Ejecutivo, el Legislativo y el referéndum aprobarán o negarán tales esclusas. La construcción de las esclusas debe emanar exclusivamente del Estado, a través de sus Organos, que son los que deben concretar la orden de construcción de las esclusas, y no la Autoridad, a la que la reforma constitucional de 2004 pone por encima del Estado y de sus Órganos, atribuyéndole a ella facultades que sólo corresponden, como reiteramos, al propietario del Canal, al Estado, por conducto de sus Organos.
Se hace evidente una especie de conspiración jurídica entre el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá, en contra de la Constitución Política, en el tema y problema que se refiere a esclusas del Canal de Panamá.
Panamá, 14 de febrero de 2006.
COMITÉ EJECUTIVO
HUMBERTO E. RICORD D., MARCO A. GANDÁSEGUI, h.
ROBERTO N. MÉNDEZ, LUIS CHEN GONZÁLEZ,
MARIO A. RODRÍGUEZ S., DÍDIMO SIERRA G.
FRENTE PANAMA SOBERANA
Dirección electrónica: FPSOBERANA@lycos.com
Sitio de Internet: http://FREPASO.lycos.com-
Con respecto a la propuesta de ampliar el Canal de Panamá, por medio de la construcción de un tercer juego de esclusas, a un costo de varios miles de millones de dólares, propuesta que probablemente será sometida a referéndum este año, el Frente Panamá Soberana (FPS) considera, luego de analizar la información disponible, que dicho proyecto sería perjudicial para el país. Ello es así porque:
1. Desde un punto financiero, el proyecto atenta contra los intereses nacionales.
Los estudios de la Comisión Tripartita de las Alternativas del Canal, divulgados en 1993, apuntan a que el proyecto costaría por lo menos siete mil millones de dólares, lo que se invertiría durante un lapso de 6 años, dinero cuya mitad provendría de los excedentes del canal y la otra de préstamos de bancos privados.
Asumiendo un crecimiento intermedio del tránsito por el Canal, las consecuencias de este proyecto serían las de reducir, en cientos de millones anuales, y por casi dos décadas, los beneficios netos potenciales del Canal para Panamá, que deben ingresar al Tesoro Nacional, para cubrir las necesidades de nuestro país.
Y después de esos 15 o 20 años, los exiguos beneficios que arrojaría la inversión no compensarían ni la enorme inversión antes citada, ni el endeudamiento adicional del país.
Si se usa parte de las reservas de la Caja de Seguro Social para financiar parcialmente el proyecto, que es otro objetivo no declarado del Gobierno actual, podría, además, agravarse la crisis del régimen de seguridad social, debido a los riesgos de rentabilidad del proyecto de ampliación del Canal antes referidos.
2. El proyecto tendría consecuencias sociales y ambientales muy negativas.
El proyecto desplazaría a miles de familias de bajos ingresos en el norte de las provincias de Coclé y Colón, cuyas propiedades serían inundadas para suministrar el agua adicional requerida.
La negativa del Gobierno a derogar la Ley 44 de 1999 es la mejor prueba de que dicha intención se mantiene en pie.
El principal impacto ambiental es la ya citada inundación de miles de hectáreas en Coclé y Colón. Pero, además, las tinas de reciclaje, propuestas como abastecedor adicional de agua, podrían contaminar el lago Miraflores, que abastece el sector metropolitano.
3. Pocos serían los beneficiados.
Los principales beneficiarios del proyecto serían las constructoras, bancos, abogados ligados a navieras, así como las navieras y la marina norteamericana, que con las nuevas esclusas podrían trasladar sus barcos porta- contenedores y sus barcos de guerra de gran calado de un océano al otro.
El proyecto además generaría una cantidad aproximada de 6,000 empleos temporales directos, una parte significativa de los cuales serían acaparados por extranjeros y una cantidad similar de empleos indirectos.
Al respecto, el FPS considera que el pueblo panameño obtendría mayores beneficios, empleos, desarrollo, y bienestar social a mediano y largo plazo mejorando e incorporando el Canal de Panamá a un plan de desarrollo nacional, que implique la inversión de sus excedentes de manera más racional, diversificada, solidaria y productiva.
El Gobierno no tiene propuesta alguna para vincular las grandes inversiones en torno al Canal, con otras áreas de desarrollo del país. Panamá tiene grandes ventajas comparativas naturales y artificiales que le permitirían desarrollar proyectos en el sector de transporte, agroindustrial; energético; pesca y ganadería; el turismo ecológico, comercial, de salud y educativo y servicios portuarios.
El Gobierno tampoco ha relacionado el futuro del Canal con las demandas sociales del país. Las grandes inversiones deben ir acompañadas de programas tendientes a fortalecer la salud, la educación, el transporte y el ambiente nacionales. Todos los proyectos gubernamentales deben enmarcarse en una política tendiente a distribuir de manera justa y racional los frutos del desarrollo.
Sin una visión integral sobre lo que podría hacerse con el Canal de Panamá como parte de un plan de desarrollo nacional, el futuro de la vía acuática estará marcado por nuevos conflictos, luchas y protestas populares a lo largo del siglo XXI. En cambio, si nos preocupamos por definir nuestro proyecto de nación, e incluimos el Canal en esa propuesta, garantizamos su plena incorporación al país y su contribución al bienestar de todos los panameños. Este reto sólo lo puede y debe asumir el Gobierno panameño con todos los panameños, sin intervenciones de intereses extranjeros.
4. Problema jurídico del proyecto de ampliación de Canal de Panamá.
El Tribunal Electoral no tiene facultad para reglamentar el referéndum, pues el artículo 327 del Código Electoral (Texto Único), sólo faculta al Tribunal para que, a solicitud del Organo Ejecutivo, “reglamente el referéndum sobre el Tratado o Convenio del Canal”. La reforma constitucional de 2004, en el artículo constitucional 325, inciso 3º., que faculta a la Autoridad del Canal de Panamá (una persona jurídica del mismo nivel que las demás entidades autónomas creadas por Ley) para proponer la construcción de las esclusas, contradice el artículo 315 de la Constitución, el cual establece que “el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación Panameña”; el artículo 1º. de la Constitución, el cual dispone que “la Nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá”; y el artículo 2 de la Constitución, el cual señala que el poder público “lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Estos tres artículos disponen que solamente el Estado, como propietario, puede disponer (proponer) o tomar medidas sobre el Canal, como es la relativa a las esclusas, y no así, una entidad autónoma como lo es la Autoridad del Canal de Panamá.
Mañana o pasado, cualquier persona puede demandar la inconstitucionalidad de cualquier contrato que se celebre para la construcción de las esclusas, ya que es la Autoridad del Canal la que “propone la construcción de las mismas” y después el Ejecutivo, el Legislativo y el referéndum aprobarán o negarán tales esclusas. La construcción de las esclusas debe emanar exclusivamente del Estado, a través de sus Organos, que son los que deben concretar la orden de construcción de las esclusas, y no la Autoridad, a la que la reforma constitucional de 2004 pone por encima del Estado y de sus Órganos, atribuyéndole a ella facultades que sólo corresponden, como reiteramos, al propietario del Canal, al Estado, por conducto de sus Organos.
Se hace evidente una especie de conspiración jurídica entre el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá, en contra de la Constitución Política, en el tema y problema que se refiere a esclusas del Canal de Panamá.
Panamá, 14 de febrero de 2006.
COMITÉ EJECUTIVO
HUMBERTO E. RICORD D., MARCO A. GANDÁSEGUI, h.
ROBERTO N. MÉNDEZ, LUIS CHEN GONZÁLEZ,
MARIO A. RODRÍGUEZ S., DÍDIMO SIERRA G.
FRENTE PANAMA SOBERANA
Dirección electrónica: FPSOBERANA@lycos.com
Sitio de Internet: http://FREPASO.lycos.com-
jueves, 29 de enero de 2009
BUSH NO ES BIENVENIDO EN PANAMA
FRENTE PANAMÁ SOBERANA
(FPS)
El pueblo panameño ve con sorpresa la anunciada visita del presidente de EEUU a Panamá. Además, la gran mayoría de los panameños repudian la presencia de ese mandatario sobre suelo patrio. Durante todo el siglo XX, el pueblo panameño luchó contra la presencia militar norteamericana que usurpaba la soberanía territorial de la nación. Esa lucha le costó muchas vidas a Panamá.
Sangre generosa de jóvenes estudiantes y trabajadores humildes fue derramada a lo largo del istmo panameño en defensa de los valores más sagrados de la patria. La nación panameña no puede aceptar esta visita cuando, aún, las heridas de los abusos cometidos en el pasado reciente y no tan reciente todavía están abiertas
La afrenta contra Panamá no es sólo responsabilidad de Washington. Debe asumir parte de la carga moral el actual gobierno de Panamá, que se presta a las maniobras de relaciones públicas del presidente Bush. Durante la permanencia en la capital panameña del mandatario norteamericano no se discutirá sobre las necesidades de los pueblos panameño y norteamericano.
En la agenda no se incluyó la exigencia panameña de que el gobierno norteamericano limpie las áreas que formaban parte de los polígonos donde las fuerzas armadas norteamericanas realizaban sus ejercicios militares. El gabinete del presidente Martín Torrijos tampoco hablará con Bush sobre las indemnizaciones que el gobierno de EEUU aún le debe a las miles de familias del barrio de El Chorrillo que perdieron padres e hijos durante el bombardeo de la medianoche del 20 de diciembre de 1989, cuando la población de ese barrio popular dormía.
La agenda tampoco incluye discusiones sobre los planes de ampliación del Canal de Panamá. Además, el presidente Bush y el presidente Torrijos no le dedicarán momento alguno para hablar sobre las negociaciones en torno al tratado de comercio preferencial. Bush ha prometido que le recordará a los panameños sobre sus compromisos de apoyar a EEUU en su guerra contra el “enemigo terrorista”.
El gobierno que preside Bush quiere que Panamá militarice su Policía Nacional, así como sus servicios marinos y aéreos. Esta transformación sería para servir los intereses de EEUU, sin pensar en las consecuencias que puede tener para Panamá. Aún más peligroso, vería con buenos ojos que Panamá militarice los muelles de la antigua base naval de “Rodman” en la entrada del Canal.
La escala de Bush en Panamá se debe a una campaña publicitaria que el mandatario norteamericano está organizando para detener el proceso de deterioro de su imagen como líder político de su país. Por un lado, quiere proyectar la creencia que las invasiones de EEUU en terceros países pueden ser exitosos. A Bush le gusta comparar a Irak con Panamá. Según los círculos gobernantes de EEUU, hay invasiones que fracasan pero hay otras que tienen éxito.
Por el otro, cree que su reunión con Martín Torrijos le dará dividendos en el mundo que aún confunde al general Torrijos, militar populista de la década de 1970, con su hijo que promueve políticas neoliberales a principios del siglo XXI.
El Frente Panamá Soberana (FPS) rechaza esta visita y le pide a todas las organizaciones populares del país, así como a todos los pueblos del mundo, que hagan saber su protesta en forma organizada y firme para que los militaristas que gobiernan en Washington sepan que en Panamá no hay olvido ni perdón.
FRENTE PANAMÁ SOBERANA
(FPS)
Ciudad de Panamá, 21 de octubre de 2005.
(FPS)
El pueblo panameño ve con sorpresa la anunciada visita del presidente de EEUU a Panamá. Además, la gran mayoría de los panameños repudian la presencia de ese mandatario sobre suelo patrio. Durante todo el siglo XX, el pueblo panameño luchó contra la presencia militar norteamericana que usurpaba la soberanía territorial de la nación. Esa lucha le costó muchas vidas a Panamá.
Sangre generosa de jóvenes estudiantes y trabajadores humildes fue derramada a lo largo del istmo panameño en defensa de los valores más sagrados de la patria. La nación panameña no puede aceptar esta visita cuando, aún, las heridas de los abusos cometidos en el pasado reciente y no tan reciente todavía están abiertas
La afrenta contra Panamá no es sólo responsabilidad de Washington. Debe asumir parte de la carga moral el actual gobierno de Panamá, que se presta a las maniobras de relaciones públicas del presidente Bush. Durante la permanencia en la capital panameña del mandatario norteamericano no se discutirá sobre las necesidades de los pueblos panameño y norteamericano.
En la agenda no se incluyó la exigencia panameña de que el gobierno norteamericano limpie las áreas que formaban parte de los polígonos donde las fuerzas armadas norteamericanas realizaban sus ejercicios militares. El gabinete del presidente Martín Torrijos tampoco hablará con Bush sobre las indemnizaciones que el gobierno de EEUU aún le debe a las miles de familias del barrio de El Chorrillo que perdieron padres e hijos durante el bombardeo de la medianoche del 20 de diciembre de 1989, cuando la población de ese barrio popular dormía.
La agenda tampoco incluye discusiones sobre los planes de ampliación del Canal de Panamá. Además, el presidente Bush y el presidente Torrijos no le dedicarán momento alguno para hablar sobre las negociaciones en torno al tratado de comercio preferencial. Bush ha prometido que le recordará a los panameños sobre sus compromisos de apoyar a EEUU en su guerra contra el “enemigo terrorista”.
El gobierno que preside Bush quiere que Panamá militarice su Policía Nacional, así como sus servicios marinos y aéreos. Esta transformación sería para servir los intereses de EEUU, sin pensar en las consecuencias que puede tener para Panamá. Aún más peligroso, vería con buenos ojos que Panamá militarice los muelles de la antigua base naval de “Rodman” en la entrada del Canal.
La escala de Bush en Panamá se debe a una campaña publicitaria que el mandatario norteamericano está organizando para detener el proceso de deterioro de su imagen como líder político de su país. Por un lado, quiere proyectar la creencia que las invasiones de EEUU en terceros países pueden ser exitosos. A Bush le gusta comparar a Irak con Panamá. Según los círculos gobernantes de EEUU, hay invasiones que fracasan pero hay otras que tienen éxito.
Por el otro, cree que su reunión con Martín Torrijos le dará dividendos en el mundo que aún confunde al general Torrijos, militar populista de la década de 1970, con su hijo que promueve políticas neoliberales a principios del siglo XXI.
El Frente Panamá Soberana (FPS) rechaza esta visita y le pide a todas las organizaciones populares del país, así como a todos los pueblos del mundo, que hagan saber su protesta en forma organizada y firme para que los militaristas que gobiernan en Washington sepan que en Panamá no hay olvido ni perdón.
FRENTE PANAMÁ SOBERANA
(FPS)
Ciudad de Panamá, 21 de octubre de 2005.
COYUNTURA ELECTORAL Y REALIDAD NACIONAL - 2003
El Frente Panamá Soberana:
El Frente Panamá Soberana (FPS) hace un llamado al pueblo panameño para que asuma una posición firme y decidida frente a las elecciones generales que se realizarán en mayo de 2004. El FPS es una articulación formado por varios movimientos con raíces populares que surgió a la vida nacional a fines de la década de 1990. Su objetivo inmediato en aquel entonces era asegurar que EEUU evacuara sus bases militares del territorio nacional en 1999.
En aquella época el FPS se opuso a la prolongación de la presencia militar norteamericana en Panamá que pretendía el gobierno de turno mediante el Centro Multilateral Antidrogas (CMA). Posteriormente, el FPS se ha opuesto a las pretensiones reelectorales de los presidentes, a las privatizaciones del IDAAN y de la Caja de Seguro Social, al alza de los pasajes urbanos, a las políticas económicas neo-liberales y a las operaciones militares norteamericanas en nuestro istmo.
La coyuntura
En el transcurso de los últimos cinco años, EEUU evacuó las bases militares en la antigua Zona del Canal y le entregó el Canal de Panamá al gobierno panameño. A pesar de estos acontecimientos, la coyuntura por la cual atraviesa el país está marcada por el estancamiento económico, los niveles altísimos de desempleo, la agudización de la pobreza y la violencia comunitaria. Incluso, el pueblo panameño aún no percibe que el Canal de Panamá y las antiguas bases militares norteamericanas, ahora administradas por Panamá, contribuyan al desarrollo del país. Los panameños percibimos como los gobiernos de turno, que han sido elegidos en torneos electorales celebrados cada cinco años, orientan los enormes recursos a su disposición hacia objetivos ajenos al desarrollo del país.
La política económica y social de los últimos gobiernos ha sido orientada por nociones financieras equivocadas provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas políticas de privatizaciones, flexibilización y desregulación introducidas por la fuerza a los programas de los gobernantes panameños han fracasado. Sin embargo, los círculos gobernantes panameños no han demostrado la capacidad para presentar alternativas que impulsen el desarrollo que signifique bienestar para el pueblo panameño.
Los niveles de pobreza en el país abarca el 50 por ciento de la población. La pobreza extrema ya incluye el 25 por ciento de todos los panameños. Esta última cifra significa que de cada 4 panameños uno no tiene los recursos necesarios para alimentarse como le corresponde a un ser humano. Esta realidad se observa cada vez con mayor agudeza en las áreas rurales y en las comarcas indígenas. A un costado de esta pobreza extrema, se levantan las murallas de las grandes mansiones y torres de quienes bajo el manto de la corrupción y de la violencia se apoderan de las riquezas que producen los panameños.
En medio de estos contrastes, los partidos políticos anuncian que se preparan para el torneo electoral de 2004. En sus pronunciamientos ignoran por completo la realidad del país. Al igual que el gobierno de turno, los partidos políticos no se pronuncian sobre los problemas sociales y económicos. Sus abanderados dedican su tiempo a pronunciar discursos vacíos de contenido y, además, tergiversando las realidades del país.
Aún no se ha escuchado un pronunciamiento de los políticos panameños sobre la crisis económica, sobre los problemas sociales o la falta de una política exterior coherente por parte de los gobernantes y partidos políticos. Este es el momento para enfrentar con coraje e inteligencia los retos que presenta la realidad nacional, los problemas internos, la integración del Canal de Panamá al desarrollo nacional y las relaciones internacionales. Enfrentamos una coyuntura que llama a la acción. Con decisión hay que enfrentar los problemas y darles las soluciones que demanda el pueblo panameño.
Aspiraciones
En cada coyuntura electoral de los últimos 15 años, el pueblo panameño ha señalado con claridad y precisión cuales son las políticas que apoya. Sin embargo, cada vez que sus votos llevan al poder a un grupo partidista, éste lo traiciona y abandona todas las promesas y pone los recursos del país al servicio de la acumulación de las camarillas empresariales que se adueñan de las riquezas que producen todos los panameños.
El pueblo panameño aspira que su gobierno promueva políticas que garanticen el desarrollo de los recursos nacionales, generando empleos, creando oportunidades de crecimiento económico y abriendo los caminos para que todos tengamos acceso rápido y oportuno a la educación, a la salud, a la vivienda y a todos los factores que garanticen el bienestar social.
Par alcanzar estos objetivos es urgente cancelar inmediatamente los programas neo-liberales que han empobrecido el hogar de los panameños. Hay que poner fin a las políticas de privatizaciones y de flexibilización. En su lugar, es necesario exigirle al equipo que llegue a gobernar que ejecute políticas de desarrollo. Esta opción implica intervenir con energía en el desarrollo de una política de producción tanto en el sector agropecuario como en el industrial. Esta política tiene que contemplar las características de la economía panameña, que es pequeña y abierta a las decisiones financieras de EEUU. Hay que convertir estos elementos que podrían considerarse negativos en factores positivos. Una economía pequeña tiene ventajas de movilidad y nuestra cercanía a EEUU nos brinda acceso al mercado más grande del mundo. Una herramienta que está a nuestra disposición y que aún no hemos utilizado para este fin es la posición geográfica del Istmo y el Canal de Panamá.
Las políticas de desarrollo están encaminadas a generar empleo, que garantiza un crecimiento económico y, a la vez, una redistribución de las nuevas riquezas que se producen entre todos los panameños. De esta manera se garantiza la salud y educación de las nuevas generaciones que incursionan en la vida productiva. Igualmente, la política de desarrollo garantiza el bienestar social de la familia y la de sus miembros (insertos en actividades productivas) que constituyen la columna vertebral de la nación. Además, le ofrece a ese sector creciente de la población mayor un programa de seguridad social que le garantice un lugar digno en nuestra sociedad.
El pueblo panameño aspira a tener un trabajo, a sentirse parte de una sociedad que respeta a todos sus integrantes y a entregarle a sus hijos todas las oportunidades para superarse. El Estado panameño existe para garantizar estas aspiraciones. Los gobiernos que hemos tenido hasta ahora han fracasado. Es el momento para exigir cambios. Pero también es el momento para ponerse al frente y asumir las responsabilidades que demandan los cambios.
Quiénes somos
El FPS hace un llamado a todos los panameños que están comprometidos con el desarrollo nacional, con un país que erradique la pobreza, con un pueblo identificado con su propio destino, a sumarse a las tareas inmediatas que demanda la coyuntura. A este trabajo hay sumar desde los jóvenes, las mujeres, hasta los campesinos, los obreros y las capas medias. Todos tienen que sumarse para hacer una fuerza incontenible capaz de enfrentar las tareas inmediatas. También tenemos que sumar al trabajo a los sectores barriales, a los pequeños y medianos empresarios, a los estudiantes, a los indígenas y todos los trabajadores.
Aún cuando todos los sectores sociales identifican sus aspiraciones y las prioridades que tienen, la historia panameña nos demuestra que ha sido difícil darle una organización adecuada a todas las fuerzas que luchan por promover una política de desarrollo nacional. La falta de organización política de los sectores populares del país le han permitido a sus enemigos penetrar el tejido social de la nación, destruir sus lazos incipientes y comprar a sus dirigentes más destacados.
En esta coyuntura que ofrece la campaña electoral hay que trabajar para organizar al pueblo políticamente. El movimiento social panameño tiene que asumir una forma política que le permita actuar con energía y autonomía.
Una dirección política
Para orientar esta visión de país y consolidar una dirección política, hay que presentar al país un programa de trabajo y, además, un equipo capaz de ejecutarlo. El FPS está formado por una combinación de fuerzas que incluye jóvenes, trabajadores e intelectuales nacionalistas. La lucha del FPS se ha concentrado, hasta ahora, en la defensa de la soberanía y a frenar las medidas económicas de corte neo-liberal. En la actualidad, pretende dar un salto cualitativo y convertir esta energía en un programa político que le dé orientación al país.
En este aspecto queremos invitar a todas las fuerzas que se sumen al trabajo con nosotros. En esta oportunidad muy singular queremos invitar a una de las figuras más destacadas en las luchas sociales de los últimos decenios a caminar junto con nosotros y con todo el pueblo panameño a buscar ese objetivo que compartimos. En esta reunión queremos hacer un reconocimiento público del trabajo del profesor Juan Jované, quien ha demostrado su compromiso inquebrantable con las aspiraciones del pueblo panameño. Además, en ocasión tras ocasión, ha presentado ante la nación un programa de trabajo coherente y de acuerdo con las aspiraciones de todos los panameños que se quieren sumar a un programa de desarrollo nacional.
Jované es identificado por todos los panameños como un hombre honesto, trabajador y nacionalista. Pero, además, e igualmente importante, Jované es identificado por los diferentes sectores sociales del país, como una persona que tiene la capacidad para dirigir la nación panameña hacia el desarrollo nacional y el bienestar social de su población.
Por esta razón, el FPS invita al profesor Jované a caminar junto con el pueblo y sus organizaciones para construir un vehículo político que nos permita hacer realidad las aspiraciones de los panameños. Sería una organización que refleje el poder del pueblo conciente de sus responsabilidades, con un programa de desarrollo nacional que ponga fin al desempleo, a la pobreza y a la violencia en Panamá. Panamá, 23 de marzo de 2003.
FRENTE PANAMA SOBERANA
El Frente Panamá Soberana (FPS) hace un llamado al pueblo panameño para que asuma una posición firme y decidida frente a las elecciones generales que se realizarán en mayo de 2004. El FPS es una articulación formado por varios movimientos con raíces populares que surgió a la vida nacional a fines de la década de 1990. Su objetivo inmediato en aquel entonces era asegurar que EEUU evacuara sus bases militares del territorio nacional en 1999.
En aquella época el FPS se opuso a la prolongación de la presencia militar norteamericana en Panamá que pretendía el gobierno de turno mediante el Centro Multilateral Antidrogas (CMA). Posteriormente, el FPS se ha opuesto a las pretensiones reelectorales de los presidentes, a las privatizaciones del IDAAN y de la Caja de Seguro Social, al alza de los pasajes urbanos, a las políticas económicas neo-liberales y a las operaciones militares norteamericanas en nuestro istmo.
La coyuntura
En el transcurso de los últimos cinco años, EEUU evacuó las bases militares en la antigua Zona del Canal y le entregó el Canal de Panamá al gobierno panameño. A pesar de estos acontecimientos, la coyuntura por la cual atraviesa el país está marcada por el estancamiento económico, los niveles altísimos de desempleo, la agudización de la pobreza y la violencia comunitaria. Incluso, el pueblo panameño aún no percibe que el Canal de Panamá y las antiguas bases militares norteamericanas, ahora administradas por Panamá, contribuyan al desarrollo del país. Los panameños percibimos como los gobiernos de turno, que han sido elegidos en torneos electorales celebrados cada cinco años, orientan los enormes recursos a su disposición hacia objetivos ajenos al desarrollo del país.
La política económica y social de los últimos gobiernos ha sido orientada por nociones financieras equivocadas provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas políticas de privatizaciones, flexibilización y desregulación introducidas por la fuerza a los programas de los gobernantes panameños han fracasado. Sin embargo, los círculos gobernantes panameños no han demostrado la capacidad para presentar alternativas que impulsen el desarrollo que signifique bienestar para el pueblo panameño.
Los niveles de pobreza en el país abarca el 50 por ciento de la población. La pobreza extrema ya incluye el 25 por ciento de todos los panameños. Esta última cifra significa que de cada 4 panameños uno no tiene los recursos necesarios para alimentarse como le corresponde a un ser humano. Esta realidad se observa cada vez con mayor agudeza en las áreas rurales y en las comarcas indígenas. A un costado de esta pobreza extrema, se levantan las murallas de las grandes mansiones y torres de quienes bajo el manto de la corrupción y de la violencia se apoderan de las riquezas que producen los panameños.
En medio de estos contrastes, los partidos políticos anuncian que se preparan para el torneo electoral de 2004. En sus pronunciamientos ignoran por completo la realidad del país. Al igual que el gobierno de turno, los partidos políticos no se pronuncian sobre los problemas sociales y económicos. Sus abanderados dedican su tiempo a pronunciar discursos vacíos de contenido y, además, tergiversando las realidades del país.
Aún no se ha escuchado un pronunciamiento de los políticos panameños sobre la crisis económica, sobre los problemas sociales o la falta de una política exterior coherente por parte de los gobernantes y partidos políticos. Este es el momento para enfrentar con coraje e inteligencia los retos que presenta la realidad nacional, los problemas internos, la integración del Canal de Panamá al desarrollo nacional y las relaciones internacionales. Enfrentamos una coyuntura que llama a la acción. Con decisión hay que enfrentar los problemas y darles las soluciones que demanda el pueblo panameño.
Aspiraciones
En cada coyuntura electoral de los últimos 15 años, el pueblo panameño ha señalado con claridad y precisión cuales son las políticas que apoya. Sin embargo, cada vez que sus votos llevan al poder a un grupo partidista, éste lo traiciona y abandona todas las promesas y pone los recursos del país al servicio de la acumulación de las camarillas empresariales que se adueñan de las riquezas que producen todos los panameños.
El pueblo panameño aspira que su gobierno promueva políticas que garanticen el desarrollo de los recursos nacionales, generando empleos, creando oportunidades de crecimiento económico y abriendo los caminos para que todos tengamos acceso rápido y oportuno a la educación, a la salud, a la vivienda y a todos los factores que garanticen el bienestar social.
Par alcanzar estos objetivos es urgente cancelar inmediatamente los programas neo-liberales que han empobrecido el hogar de los panameños. Hay que poner fin a las políticas de privatizaciones y de flexibilización. En su lugar, es necesario exigirle al equipo que llegue a gobernar que ejecute políticas de desarrollo. Esta opción implica intervenir con energía en el desarrollo de una política de producción tanto en el sector agropecuario como en el industrial. Esta política tiene que contemplar las características de la economía panameña, que es pequeña y abierta a las decisiones financieras de EEUU. Hay que convertir estos elementos que podrían considerarse negativos en factores positivos. Una economía pequeña tiene ventajas de movilidad y nuestra cercanía a EEUU nos brinda acceso al mercado más grande del mundo. Una herramienta que está a nuestra disposición y que aún no hemos utilizado para este fin es la posición geográfica del Istmo y el Canal de Panamá.
Las políticas de desarrollo están encaminadas a generar empleo, que garantiza un crecimiento económico y, a la vez, una redistribución de las nuevas riquezas que se producen entre todos los panameños. De esta manera se garantiza la salud y educación de las nuevas generaciones que incursionan en la vida productiva. Igualmente, la política de desarrollo garantiza el bienestar social de la familia y la de sus miembros (insertos en actividades productivas) que constituyen la columna vertebral de la nación. Además, le ofrece a ese sector creciente de la población mayor un programa de seguridad social que le garantice un lugar digno en nuestra sociedad.
El pueblo panameño aspira a tener un trabajo, a sentirse parte de una sociedad que respeta a todos sus integrantes y a entregarle a sus hijos todas las oportunidades para superarse. El Estado panameño existe para garantizar estas aspiraciones. Los gobiernos que hemos tenido hasta ahora han fracasado. Es el momento para exigir cambios. Pero también es el momento para ponerse al frente y asumir las responsabilidades que demandan los cambios.
Quiénes somos
El FPS hace un llamado a todos los panameños que están comprometidos con el desarrollo nacional, con un país que erradique la pobreza, con un pueblo identificado con su propio destino, a sumarse a las tareas inmediatas que demanda la coyuntura. A este trabajo hay sumar desde los jóvenes, las mujeres, hasta los campesinos, los obreros y las capas medias. Todos tienen que sumarse para hacer una fuerza incontenible capaz de enfrentar las tareas inmediatas. También tenemos que sumar al trabajo a los sectores barriales, a los pequeños y medianos empresarios, a los estudiantes, a los indígenas y todos los trabajadores.
Aún cuando todos los sectores sociales identifican sus aspiraciones y las prioridades que tienen, la historia panameña nos demuestra que ha sido difícil darle una organización adecuada a todas las fuerzas que luchan por promover una política de desarrollo nacional. La falta de organización política de los sectores populares del país le han permitido a sus enemigos penetrar el tejido social de la nación, destruir sus lazos incipientes y comprar a sus dirigentes más destacados.
En esta coyuntura que ofrece la campaña electoral hay que trabajar para organizar al pueblo políticamente. El movimiento social panameño tiene que asumir una forma política que le permita actuar con energía y autonomía.
Una dirección política
Para orientar esta visión de país y consolidar una dirección política, hay que presentar al país un programa de trabajo y, además, un equipo capaz de ejecutarlo. El FPS está formado por una combinación de fuerzas que incluye jóvenes, trabajadores e intelectuales nacionalistas. La lucha del FPS se ha concentrado, hasta ahora, en la defensa de la soberanía y a frenar las medidas económicas de corte neo-liberal. En la actualidad, pretende dar un salto cualitativo y convertir esta energía en un programa político que le dé orientación al país.
En este aspecto queremos invitar a todas las fuerzas que se sumen al trabajo con nosotros. En esta oportunidad muy singular queremos invitar a una de las figuras más destacadas en las luchas sociales de los últimos decenios a caminar junto con nosotros y con todo el pueblo panameño a buscar ese objetivo que compartimos. En esta reunión queremos hacer un reconocimiento público del trabajo del profesor Juan Jované, quien ha demostrado su compromiso inquebrantable con las aspiraciones del pueblo panameño. Además, en ocasión tras ocasión, ha presentado ante la nación un programa de trabajo coherente y de acuerdo con las aspiraciones de todos los panameños que se quieren sumar a un programa de desarrollo nacional.
Jované es identificado por todos los panameños como un hombre honesto, trabajador y nacionalista. Pero, además, e igualmente importante, Jované es identificado por los diferentes sectores sociales del país, como una persona que tiene la capacidad para dirigir la nación panameña hacia el desarrollo nacional y el bienestar social de su población.
Por esta razón, el FPS invita al profesor Jované a caminar junto con el pueblo y sus organizaciones para construir un vehículo político que nos permita hacer realidad las aspiraciones de los panameños. Sería una organización que refleje el poder del pueblo conciente de sus responsabilidades, con un programa de desarrollo nacional que ponga fin al desempleo, a la pobreza y a la violencia en Panamá. Panamá, 23 de marzo de 2003.
FRENTE PANAMA SOBERANA
PLAN DE TRABAJO EN DEFENSA DE LA CSS
Plan de Trabajo en defensa de la Caja de Seguro Social aprobado en el Taller del 4 de enero de 2003-
Magisterio Panameño Unido-.
OBJETIVOS GENERALES:
1. Promover una distribución justa y equitativa de la riqueza del país frente al actual modelo económico neoliberal para superar las contradicciones sociales que existen en la sociedad panameña.
2. Defender el carácter público de la seguridad social en Panamá en base a los principios de solidaridad, subsidiaridad y equidad para garantizar la cobertura universal del derecho a la salud y al bienestar social.
3. Luchar por la verdadera y real autonomía funcional, administrativa y financiera de la Caja de Seguro Social que haga posible su independencia y el cumplimiento de su misión ante los beneficiarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Impedir la privatización de la Caja de Seguro Social en cualquiera de sus formas a fin de establecer de manera definitiva su verdadera autonomía.
2. Insistir en la escogencia democrática de la Junta Directiva y de la Dirección General de la Caja de Seguro Social, sin ingerencia del Órgano Ejecutivo, para resguardar la institución de los vaivenes e intereses personales y partidistas.
3. Exigir al Gobierno y al sector privado el cumplimiento de las responsabilidades económicas que tienen con la CSS a fin de resarcir a la institución de las lesiones patrimoniales sufridas.
4. Presionar a las autoridades de la Caja de seguro Social para que garanticen una eficiencia administrativa en el mejoramiento de la calidad de los servicios que presta a los usuarios.
METAS:
1. Conocimiento, aprobación y divulgación de la propuesta de los sectores populares en torno a la Caja de Seguro Social.
2. Organización provincial y nacional para la defensa de la Caja de Seguro Social.
3. Concienciación de la población nacional sobre los problemas y alternativas de solución de la Caja de Seguro Social.
4. Movilización de la población barrial y provincial para realizar los objetivos antes expuestos.
5. Integración de nuevas organizaciones en este espacio de lucha por la seguridad social y, particularmente, por la Caja de Seguro Social.
6. Propuesta de un anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, según la visión de los sectores populares y gremiales.
7. Movilización nacional para ...
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Analizar, asumir y divulgar, una propuesta de los sectores populares ante los desafíos de la Caja de Seguro Social. –31 de enerp
-Repartir el documento.
-Estudio, aporte y aprobación de documento en cada organización.
-Aprobación de documento en el pleno de este esfuerzo.
.Informe y balance.
2. Recolección y entrega de firmas en defensa de la no privatización de la Caja de Seguro Social. –1 de febrero-.
--Recoger firmas por parte de cada organización.
-Entrega de las hojas con las firmas.
-Entrega de firmas a organismo escogido.
-Informe y balance.
3. Elaborar un documento popular, breve, conciso, sustancioso y educativo.
-Preparar el documento (una comisión).
-Aprobación del documento.
-Impresión de documento en una cantidad determinada.
-Informe y balance.
4. Incidencia en la población a través de los medios de comunicación social.
-Determinar tiempo específico para enfatizar el trabajo.
-Organizar plan de visita a medios.
-Utilizar medios alternativos para comunicación -Hacer listado-.
-Informe y balance.
5. Movilización en barrios y provincias.
-Congreso Nacional.
-Determinar fecha y lugares.
-Compromiso por organización u organizaciones.
-Informe y balance.
6- Congreso Nacional de Organizaciones populares –mediados de marzo:
-Fijar fecha.
-Buscar lugar, con comisiones, tareas, responsables, recursos.
-Elaborar presupuesto, -plan de consecución de fondos.
-Informe y balance.
7. Movilización Nacional.
-Fijar fecha.
-Organizar plan, con comisiones, tareas, responsables, recursos, etc.
-Elaborar presupuesto.
-Plan de consecución de fondos.
-Informe y balances.
FUNCIONAMIENTO POR COMISIONES:
Coordinación General:
Concertación:
Educación:
Divulgación:
Logística:
Nota: En la reunión del 21 de enero, se definió que provisionalmente dirigirían las comisiones:
Coordinación General: Conrado Sanjur (APP)
Concertación: --- (MPU)
Educación: Orestes Arenas (APUDEP)
Divulgación: Tomás Méndez (FPS)
Logística: Mercedes Brenes (Comité Comunitario Metropolitano)
.
Magisterio Panameño Unido-.
OBJETIVOS GENERALES:
1. Promover una distribución justa y equitativa de la riqueza del país frente al actual modelo económico neoliberal para superar las contradicciones sociales que existen en la sociedad panameña.
2. Defender el carácter público de la seguridad social en Panamá en base a los principios de solidaridad, subsidiaridad y equidad para garantizar la cobertura universal del derecho a la salud y al bienestar social.
3. Luchar por la verdadera y real autonomía funcional, administrativa y financiera de la Caja de Seguro Social que haga posible su independencia y el cumplimiento de su misión ante los beneficiarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Impedir la privatización de la Caja de Seguro Social en cualquiera de sus formas a fin de establecer de manera definitiva su verdadera autonomía.
2. Insistir en la escogencia democrática de la Junta Directiva y de la Dirección General de la Caja de Seguro Social, sin ingerencia del Órgano Ejecutivo, para resguardar la institución de los vaivenes e intereses personales y partidistas.
3. Exigir al Gobierno y al sector privado el cumplimiento de las responsabilidades económicas que tienen con la CSS a fin de resarcir a la institución de las lesiones patrimoniales sufridas.
4. Presionar a las autoridades de la Caja de seguro Social para que garanticen una eficiencia administrativa en el mejoramiento de la calidad de los servicios que presta a los usuarios.
METAS:
1. Conocimiento, aprobación y divulgación de la propuesta de los sectores populares en torno a la Caja de Seguro Social.
2. Organización provincial y nacional para la defensa de la Caja de Seguro Social.
3. Concienciación de la población nacional sobre los problemas y alternativas de solución de la Caja de Seguro Social.
4. Movilización de la población barrial y provincial para realizar los objetivos antes expuestos.
5. Integración de nuevas organizaciones en este espacio de lucha por la seguridad social y, particularmente, por la Caja de Seguro Social.
6. Propuesta de un anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, según la visión de los sectores populares y gremiales.
7. Movilización nacional para ...
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Analizar, asumir y divulgar, una propuesta de los sectores populares ante los desafíos de la Caja de Seguro Social. –31 de enerp
-Repartir el documento.
-Estudio, aporte y aprobación de documento en cada organización.
-Aprobación de documento en el pleno de este esfuerzo.
.Informe y balance.
2. Recolección y entrega de firmas en defensa de la no privatización de la Caja de Seguro Social. –1 de febrero-.
--Recoger firmas por parte de cada organización.
-Entrega de las hojas con las firmas.
-Entrega de firmas a organismo escogido.
-Informe y balance.
3. Elaborar un documento popular, breve, conciso, sustancioso y educativo.
-Preparar el documento (una comisión).
-Aprobación del documento.
-Impresión de documento en una cantidad determinada.
-Informe y balance.
4. Incidencia en la población a través de los medios de comunicación social.
-Determinar tiempo específico para enfatizar el trabajo.
-Organizar plan de visita a medios.
-Utilizar medios alternativos para comunicación -Hacer listado-.
-Informe y balance.
5. Movilización en barrios y provincias.
-Congreso Nacional.
-Determinar fecha y lugares.
-Compromiso por organización u organizaciones.
-Informe y balance.
6- Congreso Nacional de Organizaciones populares –mediados de marzo:
-Fijar fecha.
-Buscar lugar, con comisiones, tareas, responsables, recursos.
-Elaborar presupuesto, -plan de consecución de fondos.
-Informe y balance.
7. Movilización Nacional.
-Fijar fecha.
-Organizar plan, con comisiones, tareas, responsables, recursos, etc.
-Elaborar presupuesto.
-Plan de consecución de fondos.
-Informe y balances.
FUNCIONAMIENTO POR COMISIONES:
Coordinación General:
Concertación:
Educación:
Divulgación:
Logística:
Nota: En la reunión del 21 de enero, se definió que provisionalmente dirigirían las comisiones:
Coordinación General: Conrado Sanjur (APP)
Concertación: --- (MPU)
Educación: Orestes Arenas (APUDEP)
Divulgación: Tomás Méndez (FPS)
Logística: Mercedes Brenes (Comité Comunitario Metropolitano)
.
MOVIMIENTO POR LA REFORMA Y LA JUSTICIA SOCIAL
FRENTE PANAMA SOBERANA (FPS)
1. Un programa de asistencia de emergencia para los desempleados, inclusive un seguro contra el desempleo.
2. Un programa masivo de obras públicas, tendientes a reconstruir o construir nuevos hospitales; centros de asistencia a niños, ancianos y mujeres , plantas potabilizadoras de aguas; escuelas, calles e infraestructura para proyectos agrícolas, industriales y de servicios, dentro y fuera de las áreas revertidas, la descontaminación de la bahía de Panamá, y la reforestación del territorio nacional.
3. Un programa de fomento y protección racional, temporal y condicionada, y de desarrollo selectivo, tendiente a aprovechar las ventajas comparativas de Panamá, para la pequeña industria y los pequeños y medianos productores agrícolas, y a los profesionales y técnicos nacionales. Incluye una política de redistribución y aprovechamiento racional de la tierra, que incluya la eliminación de latinfundios ociosos.
4. Re-nacionalización de servicios públicos de generación eléctrica y telecomunicaciones.
5. Nacionalización del transporte público y la banca, permitiéndose solamente a bancos nacionales la captación de depósitos nacionales, y creándose un impuesto por transferencia de capitales al exterior.
6. Transformación del Banco Nacional en un banco de fomento, y fortalecimiento de la Superintendencia Bancaria a fin de que regule la actividad bancaria, inclusive lo concerniente a la fijación de las tasas de interés.
7. Poner en interinidad a la actual Corte Suprema y los jueces de circuito, como paso a reestructuración total de sistema judicial, que garantice justicia imparcial y expedita y la resocialización de criminales.
8. Reforma constitucional y legal tendiente a permitir la libre postulación a todos los cargos; reducir el número de legisladores y limitar estrictamente sus privilegios; levantar la prescripción a actos de corrupción; obligatoriedad de declaración pública de bienes y libre acceso a la misma; eliminación de acciones al portador, incautación de bienes mal habidos.
9. Sancionar con cárcel la discriminación racial, sexual, religiosas o política en el empleo y entidades educativas; la evasión impositiva a nivel corporativo; y la violación de aquellas disposiciones que protegen el medio ambiente.
10. Suspensión del pago de la deuda externa hasta tanto se renegocie y reestructure racionalmente la misma. Gestionar simultáneamente la conformación de un bloque regional para la renegociación colectiva de dicha deuda.
11. Declaración de neutralidad del territorio panameño, excluyéndose la presencia de todo tipo de tropas extranjeras, y la paralela renegociación del Tratado de Neutralidad.
12. Retiro de Panamá de las conversaciones del ALCA. En su lugar, gestionar la creación e incorporación de Panamá a un mercado regional latinoamericano, como paso previo a la constitución de una república federada de países latinoamericanos.
Panamá, octubre de 2002.
1. Un programa de asistencia de emergencia para los desempleados, inclusive un seguro contra el desempleo.
2. Un programa masivo de obras públicas, tendientes a reconstruir o construir nuevos hospitales; centros de asistencia a niños, ancianos y mujeres , plantas potabilizadoras de aguas; escuelas, calles e infraestructura para proyectos agrícolas, industriales y de servicios, dentro y fuera de las áreas revertidas, la descontaminación de la bahía de Panamá, y la reforestación del territorio nacional.
3. Un programa de fomento y protección racional, temporal y condicionada, y de desarrollo selectivo, tendiente a aprovechar las ventajas comparativas de Panamá, para la pequeña industria y los pequeños y medianos productores agrícolas, y a los profesionales y técnicos nacionales. Incluye una política de redistribución y aprovechamiento racional de la tierra, que incluya la eliminación de latinfundios ociosos.
4. Re-nacionalización de servicios públicos de generación eléctrica y telecomunicaciones.
5. Nacionalización del transporte público y la banca, permitiéndose solamente a bancos nacionales la captación de depósitos nacionales, y creándose un impuesto por transferencia de capitales al exterior.
6. Transformación del Banco Nacional en un banco de fomento, y fortalecimiento de la Superintendencia Bancaria a fin de que regule la actividad bancaria, inclusive lo concerniente a la fijación de las tasas de interés.
7. Poner en interinidad a la actual Corte Suprema y los jueces de circuito, como paso a reestructuración total de sistema judicial, que garantice justicia imparcial y expedita y la resocialización de criminales.
8. Reforma constitucional y legal tendiente a permitir la libre postulación a todos los cargos; reducir el número de legisladores y limitar estrictamente sus privilegios; levantar la prescripción a actos de corrupción; obligatoriedad de declaración pública de bienes y libre acceso a la misma; eliminación de acciones al portador, incautación de bienes mal habidos.
9. Sancionar con cárcel la discriminación racial, sexual, religiosas o política en el empleo y entidades educativas; la evasión impositiva a nivel corporativo; y la violación de aquellas disposiciones que protegen el medio ambiente.
10. Suspensión del pago de la deuda externa hasta tanto se renegocie y reestructure racionalmente la misma. Gestionar simultáneamente la conformación de un bloque regional para la renegociación colectiva de dicha deuda.
11. Declaración de neutralidad del territorio panameño, excluyéndose la presencia de todo tipo de tropas extranjeras, y la paralela renegociación del Tratado de Neutralidad.
12. Retiro de Panamá de las conversaciones del ALCA. En su lugar, gestionar la creación e incorporación de Panamá a un mercado regional latinoamericano, como paso previo a la constitución de una república federada de países latinoamericanos.
Panamá, octubre de 2002.
MANIFIESTO CONTRA LA CORRUPCION
MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA SOBERANIA (MONADESO)
A la Asamblea Legislativa el 1° de marzo
Las bochornosas acusaciones que se dieron el 9 de enero en la Asamblea Legislativa, denunciando que los hoy magistrados Spadafora y Cigarruista fueron ratificados gracias a la compra por el Gobierno del voto de tres legisladores del PRD, viciando así la ya desprestigiada Corte Suprema de Justicia, culminan con la confesión y denuncia de uno de esos legisladores (Carlos Afú), en el sentido de que él y otros legisladores recibieron dinero por su voto favorable para la aprobación del Contrato del Centro Multimodal, AFLORANDO DE BOCA DE LA LEGISLADORA TERESITA DE ARIAS QUE CON ESE MISMO DINERO SE EFECTUÓ LA COMPRA DE VOTOS PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS. A esto se suman las recientes fotos de legisladores contando el dinero producto de tales practicas en su propia curul.
Mientras la ciudadanía, indignada por la estafa y el ultraje, repudia masivamente la corrupción generalizada entronizada en los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), claramente estimulada por la política neoliberal de privatizaciones y concesiones, el gobierno se apresta ahora a robarnos los 1,300 millones de dólares del Fondo Fiduciario que pertenecen al pueblo panameño.
Hace poco tiempo, este mismo gobierno firmó con los Estados Unidos el acuerdo Salas-Becker, por el cual fuerzas militares norteamericanas pueden operar a sus anchas en territorio nacional. En realidad es un tratado, que se disfraza de acuerdo para no tener que someterlo a la Asamblea Legislativa. El agravamiento del conflicto bélico en Colombia permite ilustrar lo peligroso de dicho tratado, en la medida en que la intervención creciente de Estados Unidos puede trasladar a Panamá ese escenario de guerra. Nos recuerda también lo urgente que es derogar el Tratado de Neutralidad, en virtud del cual la potencia del norte puede alegar falsos peligros para el Canal y así involucrarnos en su accionar militar.
Ha llegado el momento de poner un alto a las fechorías que tienen en la miseria y el desempleo a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ha llegado el momento de salirle al paso a los negociados de los grandes consorcios del poder económico, que apelando a mecanismos corruptos esquilman el erario público. Menos que nadie pueden pretender erigirse en cruzada moralizante. Ha llegado el momento de defender nuestros derechos como pueblo soberano e impedir que el Fondo Fiduciario sea robado por esta banda de corruptos. No queda otro camino, entre otras medidas, que exigir el levantamiento de la inmunidad de todos los legisladores y sus suplentes, así como su investigación y castigo ejemplar. Es el momento también de exigir el anulamiento del acuerdo Salas-Becker.
Convocamos a todo el pueblo y a sus organizaciones a concentrarnos en la Asamblea Legislativa el viernes, 1° de marzo, a las 9 y 30 AM, y a preparar la movilización del jueves, 7 de marzo.
Movimiento nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO)
Alternativa Patriótica Popular APP
Asociación de Maestros Independientes Auténticos AMIA
Asociación de Profesores de la República de Panamá ASOPROF
Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá APUDEP
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente CONUSI
Federación de Asociaciones de Educadores de Panamá FASEP
Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá FEDAP
Frente Panamá Soberana FPS
Panamá, 25 de febrero de 2002.
A la Asamblea Legislativa el 1° de marzo
Las bochornosas acusaciones que se dieron el 9 de enero en la Asamblea Legislativa, denunciando que los hoy magistrados Spadafora y Cigarruista fueron ratificados gracias a la compra por el Gobierno del voto de tres legisladores del PRD, viciando así la ya desprestigiada Corte Suprema de Justicia, culminan con la confesión y denuncia de uno de esos legisladores (Carlos Afú), en el sentido de que él y otros legisladores recibieron dinero por su voto favorable para la aprobación del Contrato del Centro Multimodal, AFLORANDO DE BOCA DE LA LEGISLADORA TERESITA DE ARIAS QUE CON ESE MISMO DINERO SE EFECTUÓ LA COMPRA DE VOTOS PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS. A esto se suman las recientes fotos de legisladores contando el dinero producto de tales practicas en su propia curul.
Mientras la ciudadanía, indignada por la estafa y el ultraje, repudia masivamente la corrupción generalizada entronizada en los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), claramente estimulada por la política neoliberal de privatizaciones y concesiones, el gobierno se apresta ahora a robarnos los 1,300 millones de dólares del Fondo Fiduciario que pertenecen al pueblo panameño.
Hace poco tiempo, este mismo gobierno firmó con los Estados Unidos el acuerdo Salas-Becker, por el cual fuerzas militares norteamericanas pueden operar a sus anchas en territorio nacional. En realidad es un tratado, que se disfraza de acuerdo para no tener que someterlo a la Asamblea Legislativa. El agravamiento del conflicto bélico en Colombia permite ilustrar lo peligroso de dicho tratado, en la medida en que la intervención creciente de Estados Unidos puede trasladar a Panamá ese escenario de guerra. Nos recuerda también lo urgente que es derogar el Tratado de Neutralidad, en virtud del cual la potencia del norte puede alegar falsos peligros para el Canal y así involucrarnos en su accionar militar.
Ha llegado el momento de poner un alto a las fechorías que tienen en la miseria y el desempleo a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ha llegado el momento de salirle al paso a los negociados de los grandes consorcios del poder económico, que apelando a mecanismos corruptos esquilman el erario público. Menos que nadie pueden pretender erigirse en cruzada moralizante. Ha llegado el momento de defender nuestros derechos como pueblo soberano e impedir que el Fondo Fiduciario sea robado por esta banda de corruptos. No queda otro camino, entre otras medidas, que exigir el levantamiento de la inmunidad de todos los legisladores y sus suplentes, así como su investigación y castigo ejemplar. Es el momento también de exigir el anulamiento del acuerdo Salas-Becker.
Convocamos a todo el pueblo y a sus organizaciones a concentrarnos en la Asamblea Legislativa el viernes, 1° de marzo, a las 9 y 30 AM, y a preparar la movilización del jueves, 7 de marzo.
Movimiento nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO)
Alternativa Patriótica Popular APP
Asociación de Maestros Independientes Auténticos AMIA
Asociación de Profesores de la República de Panamá ASOPROF
Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá APUDEP
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente CONUSI
Federación de Asociaciones de Educadores de Panamá FASEP
Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá FEDAP
Frente Panamá Soberana FPS
Panamá, 25 de febrero de 2002.
EL PUEBLO RECHAZA LA PRIVATIZACION DEL IDAAN
Comunicado del Frente Panamá Soberana - FPS
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, convocó a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para que aprobara su proyecto de ley que le permita al gobierno apropiarse de B/150 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo con el fin de mejorar y ampliar los servicios de producción y distribución de agua potable en el área metropolitana de la ciudad de Panamá. Al mismo tiempo, la mandataria señaló que si la Asamblea Legislativa no le autorizaba hacer uso de los B/150 millones se vería en la obligación de proceder a la privatización del IDAAN, empresa pública responsable de la administración del acueducto que sirve a la capital y, además, a las demás áreas urbanas del país.
Las intenciones de la presidenta Moscoso, por un lado, reflejan su voluntad para enfrentar uno de los problemas más sentidos por todos los sectores sociales del país. Sin embargo, por el otro, la presidenta amenaza al país con privatizaciones que han sido objeto de un rechazo unánime y contundente en múltiples ocasiones.
El pueblo saluda con entusiasmo todas las políticas gubernamentales que impliquen mejorar la calidad de vida de las familias panameñas, especialmente aquellas pertenecientes a los sectores más vulnerables. Pero, por razones obvias, rechaza estas políticas cuando van acompañadas de amenazas y segundas intenciones, que se abren a especulaciones de toda clase.
1. FPS considera que el proyecto no contribuye a una solución económica, eficaz y duradera del servicio de producción y distribución de agua potable a la población de la ciudad de Panamá. A pesar de ello, FPS sigue estudiando el proyecto de ley que presentó la presidenta Moscoso a la Asamblea Legislativa. Además, sigue de cerca con pesimismo el debate estéril que se ha producido en ese foro.
2. FPS exige que el proyecto de ley presente una solución eficiente - debidamente planificada y a largo plazo - a las demandas de agua potable en el área metropolitana de la ciudad de Panamá. El proyecto, en su estado actual, no contiene una solución económica y financiera – sin posibilidades que se preste a especulaciones o a la corrupción - aceptable para los panameños
3. FPS llegó a la conclusión que el proyecto de ley, en su estado actual, no presenta una solución técnica, utilizando la tecnología de punta, que garantice los más altos niveles de excelencia en el servicio destinado a beneficiar la población del área metropolitana de la ciudad de Panamá.
4. FPS exige que el proyecto de ley respete el ambiente y, sobre todo, las riquezas del lago Alajuela, fuente del recurso agua que es distribuido a la población de la ciudad de Panamá.
5. FPS exige que el proyecto de ley incorpore en su articulado los correctivos para evitar que la inversión multimillonaria sea objeto de actos de corrupción, organizados desde el sector público o desde el sector privado, o en combinación entre ambos sectores.
6. FPS exige que el proyecto de ley elimine cualquier forma de privatización del servicio de agua que presta el IDAAN. FPS no aceptará que el proyecto de ley pretenda introducir como caballo de Troya a una manada de usurpadores de los fondos públicos con el pretexto falso de estar mejorando un servicio que debe ser bien administrado por el IDAAN.
7. FPS exige, además, que la Presidenta Moscoso utilice un lenguaje diferente, sin amenazas, cuando se dirige al pueblo panameño. El pueblo panameño no aceptará, con amenazas de la Presidencia o sin amenazas, que los servicios de agua potable que presta el IDAAN sean privatizados en forma parcial o total.
8. FPS exige que la Presidenta Moscoso denuncie la carta de intenciones que ella le envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2000 comprometiendo su apoyo a la privatización del IDAAN. El FMI y las otras instituciones financieras con sede en Washington tienen una campaña para debilitar a los países con economías emergentes que debe ser rechazada con energía por Panamá.
Mientras que el proyecto de ley no cumple con las exigencias arriba mencionadas, FPS rechazará la iniciativa gubernamental de hacer uso de B/150 millones del Fondo Fiduciario para mejorar y ampliar el acueducto del área metropolitana de la ciudad de Panamá.
FPS hace un llamado al pueblo panameño para que, por un lado, se ponga en estado de alerta para evitar la privatización del IDAAN, entidad que presta servicios fundamentales para la salud de toda la población. Por el otro, FPS hace un llamado para que el pueblo se organice y marchemos todos juntos a la Asamblea Legislativa con el propósito de evitar el robo del IDAAN y que se cumpla con nuestras exigencias.
Panamá, 7 de agosto de 2001.
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, convocó a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para que aprobara su proyecto de ley que le permita al gobierno apropiarse de B/150 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo con el fin de mejorar y ampliar los servicios de producción y distribución de agua potable en el área metropolitana de la ciudad de Panamá. Al mismo tiempo, la mandataria señaló que si la Asamblea Legislativa no le autorizaba hacer uso de los B/150 millones se vería en la obligación de proceder a la privatización del IDAAN, empresa pública responsable de la administración del acueducto que sirve a la capital y, además, a las demás áreas urbanas del país.
Las intenciones de la presidenta Moscoso, por un lado, reflejan su voluntad para enfrentar uno de los problemas más sentidos por todos los sectores sociales del país. Sin embargo, por el otro, la presidenta amenaza al país con privatizaciones que han sido objeto de un rechazo unánime y contundente en múltiples ocasiones.
El pueblo saluda con entusiasmo todas las políticas gubernamentales que impliquen mejorar la calidad de vida de las familias panameñas, especialmente aquellas pertenecientes a los sectores más vulnerables. Pero, por razones obvias, rechaza estas políticas cuando van acompañadas de amenazas y segundas intenciones, que se abren a especulaciones de toda clase.
1. FPS considera que el proyecto no contribuye a una solución económica, eficaz y duradera del servicio de producción y distribución de agua potable a la población de la ciudad de Panamá. A pesar de ello, FPS sigue estudiando el proyecto de ley que presentó la presidenta Moscoso a la Asamblea Legislativa. Además, sigue de cerca con pesimismo el debate estéril que se ha producido en ese foro.
2. FPS exige que el proyecto de ley presente una solución eficiente - debidamente planificada y a largo plazo - a las demandas de agua potable en el área metropolitana de la ciudad de Panamá. El proyecto, en su estado actual, no contiene una solución económica y financiera – sin posibilidades que se preste a especulaciones o a la corrupción - aceptable para los panameños
3. FPS llegó a la conclusión que el proyecto de ley, en su estado actual, no presenta una solución técnica, utilizando la tecnología de punta, que garantice los más altos niveles de excelencia en el servicio destinado a beneficiar la población del área metropolitana de la ciudad de Panamá.
4. FPS exige que el proyecto de ley respete el ambiente y, sobre todo, las riquezas del lago Alajuela, fuente del recurso agua que es distribuido a la población de la ciudad de Panamá.
5. FPS exige que el proyecto de ley incorpore en su articulado los correctivos para evitar que la inversión multimillonaria sea objeto de actos de corrupción, organizados desde el sector público o desde el sector privado, o en combinación entre ambos sectores.
6. FPS exige que el proyecto de ley elimine cualquier forma de privatización del servicio de agua que presta el IDAAN. FPS no aceptará que el proyecto de ley pretenda introducir como caballo de Troya a una manada de usurpadores de los fondos públicos con el pretexto falso de estar mejorando un servicio que debe ser bien administrado por el IDAAN.
7. FPS exige, además, que la Presidenta Moscoso utilice un lenguaje diferente, sin amenazas, cuando se dirige al pueblo panameño. El pueblo panameño no aceptará, con amenazas de la Presidencia o sin amenazas, que los servicios de agua potable que presta el IDAAN sean privatizados en forma parcial o total.
8. FPS exige que la Presidenta Moscoso denuncie la carta de intenciones que ella le envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2000 comprometiendo su apoyo a la privatización del IDAAN. El FMI y las otras instituciones financieras con sede en Washington tienen una campaña para debilitar a los países con economías emergentes que debe ser rechazada con energía por Panamá.
Mientras que el proyecto de ley no cumple con las exigencias arriba mencionadas, FPS rechazará la iniciativa gubernamental de hacer uso de B/150 millones del Fondo Fiduciario para mejorar y ampliar el acueducto del área metropolitana de la ciudad de Panamá.
FPS hace un llamado al pueblo panameño para que, por un lado, se ponga en estado de alerta para evitar la privatización del IDAAN, entidad que presta servicios fundamentales para la salud de toda la población. Por el otro, FPS hace un llamado para que el pueblo se organice y marchemos todos juntos a la Asamblea Legislativa con el propósito de evitar el robo del IDAAN y que se cumpla con nuestras exigencias.
Panamá, 7 de agosto de 2001.
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