(Comunicados del FPS por un Canal de Panamá al servicio del desarrollo nacional)
En esta sección se reproduce una selección de tres comunicados preparados por el FPS en 2006. El primer comuniado "denuncia y rechaza el proyecto de ampliación del Canal de Panamá que no responde a un plan de desarrollo nacional".
Los últimos dos comunicados analizan la propuesta mal concebida del gobierno del presidente Torrijos de ampliar el Canal de Panamá mediante la construcción de un sistema nuevo de esclusas sin considerar las prioridades de desarrollo nacional. En 2006 el gobierno impuso su propopuesta mediante un referéndum donde el 60 por ciento de la población se abstuvo de concurrir a las urnas.
domingo, 29 de marzo de 2009
DESARROLLO NACIONAL Y AMPLIACION DEL CANAL DE PANAMA
Resolución del FPS
Considerando que el gobierno panameño promueve una política orientada hacia el desmantelamiento del sector productivo de la economía nacional,
Concientes que esta política antinacional entrega todos los recursos y riquezas del país a agentes trasnacionales que tienden a incrementar la explotación y la pobreza de los trabajadores panameños,
Conocedores de la complicidad entre gobierno nacional y junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para convertir el Canal de Panamá en una fuente de riqueza para los grandes intereses navieros y sus socios locales y
Teniendo en cuenta que el gobierno no ha presentado propuesta alguna para incorporar el Canal de Panamá y los proyectos de ampliación a un plan de desarrollo nacional
RESUELVE
Exigirle al gobierno nacional un cambio radical en su política que le permita al país invertir recursos en los sectores productivos de su economía,
Exigir que el gobierno ponga fin a la política entreguista de los recursos del país a los agentes trasnacionales,
Exigir la participación de todos los sectores sociales del país en la junta directiva de la ACP cuyos puestos han sido monopolizados por intereses especuladores y defensores de los navieros extranjeros, y
Denunciar y rechazar cualquier proyecto de ampliación del Canal de Panamá que no responda a un plan de desarrollo nacional que tome en cuenta los intereses de todos los panameños, de todas las provincias y, especialmente, de los trabajadores. Dado el 6 de abril de 2006.
Considerando que el gobierno panameño promueve una política orientada hacia el desmantelamiento del sector productivo de la economía nacional,
Concientes que esta política antinacional entrega todos los recursos y riquezas del país a agentes trasnacionales que tienden a incrementar la explotación y la pobreza de los trabajadores panameños,
Conocedores de la complicidad entre gobierno nacional y junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para convertir el Canal de Panamá en una fuente de riqueza para los grandes intereses navieros y sus socios locales y
Teniendo en cuenta que el gobierno no ha presentado propuesta alguna para incorporar el Canal de Panamá y los proyectos de ampliación a un plan de desarrollo nacional
RESUELVE
Exigirle al gobierno nacional un cambio radical en su política que le permita al país invertir recursos en los sectores productivos de su economía,
Exigir que el gobierno ponga fin a la política entreguista de los recursos del país a los agentes trasnacionales,
Exigir la participación de todos los sectores sociales del país en la junta directiva de la ACP cuyos puestos han sido monopolizados por intereses especuladores y defensores de los navieros extranjeros, y
Denunciar y rechazar cualquier proyecto de ampliación del Canal de Panamá que no responda a un plan de desarrollo nacional que tome en cuenta los intereses de todos los panameños, de todas las provincias y, especialmente, de los trabajadores. Dado el 6 de abril de 2006.
miércoles, 25 de marzo de 2009
EL CANAL DE PANAMA AL SERVICIO DEL DESARROLLO NACIONAL
No a una ampliación que endeude y perjudique a los panameños
El pueblo panameño deberá tomar una decisión trascendental sobre el Canal de Panamá en un corto plazo. La propuesta de ampliación del Canal, cuyo anuncio próximo prepara el gobierno nacional, se encuentra inmersa en un secretismo que presagia sorpresas para los cuales el pueblo y sus organizaciones tienen que estar preparados. La falta de un plan de desarrollo nacional, la ausencia de un programa de financiamiento para las obras que se avecinan y el desprecio por los trabajadores y campesinos, que le es inherente a la propuesta, hace que los panameños dudemos de las intenciones que se encuentran detrás de la ampliación del Canal de Panamá.
Cambios políticos y cambios de rutas
Desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 se han sucedido un conjunto de hechos que han transformado la relación del país con la vía acuática y el comercio marítimo mundial. En 1979 desapareció jurídicamente el territorio conocido como la Zona del Canal de Panamá donde EEUU “actuaba como si fuera soberano”. En 1999 fueron evacuadas las bases militares norteamericanas y Panamá comenzó a administrar el Canal.
Panamá asumió plena responsabilidad sobre la vía acuática que, actualmente, sirve al 4 por ciento del comercio marítimo internacional. Es una responsabilidad que debe ser asumida con precaución y con mucha planificación por lo panameños. Las rutas marítimas que se han utilizado en el comercio internacional, en los últimos dos siglos, han cambiado una y otra vez. En la actualidad, gran parte del comercio marítimo que pasa por el istmo panameño se concentra en las rutas que unen los puertos de Asia oriental con la costa oriental de EEUU.
Historicamente, el comercio marítimo ha crecido con motivo de la expansión económica que ha caracterizado al mundo en los últimos siglos. El Canal de Panamá es el producto de este crecimiento, por lo que se pronostica un futuro seguro para la vía acuática. Sin embargo, las nuevas tecnologías de transporte, los costos del transporte y el desarrollo desigual de los países que conforman el mercado capitalista mundial pueden alterar rapidamente las ventajas relativas que tiene la posición geográfica del Istmo. Más razón para avanzar con cautela sobre cualquier decisión que se pueda tomar con relación al futuro del Canal.
El Canal de Panamá se inauguró en 1914 y al poco tiempo se convirtió en paso obligado de barcos, mercancías y pasajeros provenientes de todas partes del mundo. Su ruta principal, sin embargo, hasta mediados del siglo XX era la que unía las dos costas del continente norteamericano. A fines del siglo XX, la ruta norteamericana fue desplazada por la ruta que une los puertos del lejano oriente con las grandes ciudades del este norteamericano.
Proyectos de ampliación
Poco antes de la segunda guerra mundial (fines de la década de 1930), EEUU inició planes para ampliar el Canal con el fin de pasar barcos de guerra. El proyecto abortó cuando los estrategas norteamericanos cambiaron de planes. La idea de ampliar el Canal de Panamá ha estado presente desde entonces.
En los Tratados del Canal firmados en 1977 se incluyó una cláusula para que Panamá y EEUU estudiaran la viabilidad de ampliar la vía acuática. Con la participación de Japón, que fue invitada con este propósito, una Comisión formada por los tres países recomendó – en 1993 – la ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas. Esta adición le permitiría a barcos con capacidad de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento hacer el tránsito por el Canal de Panamá.
A partir de 1993, los gobiernos de Panamá han estado estudiando la posibilidad de ejecutar la recomendación de la Comisión. Incluso, una reforma a la Constitución Política le entregó la responsabilidad de efectuar el estudio a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y entregar sus resultados al gobierno nacional. Desde hace casi 10 años la ACP adelanta estudios sobre este tema manteniendo al pueblo panameño, en gran parte, ajeno de sus avances.
Todo indica que la ACP está preparada para presentar su propuesta al gobierno en el transcurso de 2006, probablemente en el transcurso del primer semestre. Si el Ejecutivo y la Asamblea de Diputados aprueban una propuesta de la ACP, se tendría que convocar, en un plazo no superior a los tres meses, al pueblo panameño a un referéndum para que dé a conocer su opinión a favor o en contra.
Las fallas en la propuesta que se avecina
La propuesta de la ACP, a pesar de que aún no se conoce oficialmente, tiene un conjunto de fallas que son objeto de críticas por parte de un sector creciente de la opinión pública. Entre los problemas más serios que enfrenta la ACP se puede destacar, en primer lugar, que su visión del Canal no forma parte de un proyecto nacional de desarrollo. Todo indica que su propuesta sólo beneficiaría a los grandes intereses navieros y sus socios que controlan el comercio marítimo mundial.
En segundo lugar, la ACP no tendría una propuesta financiera que le permitiera al país sacar ventajas de esta iniciativa. Por el contrario, para beneficiar algunos intereses particulares, endeudaría el país y, como consecuencia, al pueblo, agudizando los niveles de pobreza y desempleo existentes. Además, en tercer lugar, la propuesta de la ACP parece contener todos los elementos de secretismo y manipulación tradicionales que perjudicaría a sectores importantes de la población e, incluso, pondría en peligro la integridad ambiental y económica del país.
Hacia la constitución de un Frente por el Canal y el Desarrollo
En este contexto es imprescindible que todos los panameños nos preparemos para enfrentar la ofensiva de la ACP y del gobierno. Al mismo tiempo, hay que preparar alternativas viables para que el Canal contribuya al éxito de un plan nacional de desarrollo que tenga como objetivo principal el bienestar de la población panameña. Este es y siempre ha sido el eje sobre el cual se desarrollaron las luchas generacionales que hoy nos permiten observar con orgullo a la bandera nacional sobre las naves que surcan el Canal así como sobre la cima del cerro Ancón.
Mediante esta convocatoria invitamos a todos los panameños y a sus organizaciones, sin distingo alguno, a sumarse al Frente por el Canal y el Desarrollo Nacional y a integrarse a sus comisiones de trabajo. Seguiremos el camino de los panameños que ofrecieron con generosidad sus vidas y sus esfuerzos, a lo largo de muchas generaciones, para que nuestra posición geográfica y el Canal de Panamá le abran oportunidades de superación a una juventud ávida de conocimiento y superación.
Dado el 25 de marzo de 2006 en la ciudad de Panamá.
Comité ejecutivo del
FRENTE PANAMA SOBERANA
El pueblo panameño deberá tomar una decisión trascendental sobre el Canal de Panamá en un corto plazo. La propuesta de ampliación del Canal, cuyo anuncio próximo prepara el gobierno nacional, se encuentra inmersa en un secretismo que presagia sorpresas para los cuales el pueblo y sus organizaciones tienen que estar preparados. La falta de un plan de desarrollo nacional, la ausencia de un programa de financiamiento para las obras que se avecinan y el desprecio por los trabajadores y campesinos, que le es inherente a la propuesta, hace que los panameños dudemos de las intenciones que se encuentran detrás de la ampliación del Canal de Panamá.
Cambios políticos y cambios de rutas
Desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 se han sucedido un conjunto de hechos que han transformado la relación del país con la vía acuática y el comercio marítimo mundial. En 1979 desapareció jurídicamente el territorio conocido como la Zona del Canal de Panamá donde EEUU “actuaba como si fuera soberano”. En 1999 fueron evacuadas las bases militares norteamericanas y Panamá comenzó a administrar el Canal.
Panamá asumió plena responsabilidad sobre la vía acuática que, actualmente, sirve al 4 por ciento del comercio marítimo internacional. Es una responsabilidad que debe ser asumida con precaución y con mucha planificación por lo panameños. Las rutas marítimas que se han utilizado en el comercio internacional, en los últimos dos siglos, han cambiado una y otra vez. En la actualidad, gran parte del comercio marítimo que pasa por el istmo panameño se concentra en las rutas que unen los puertos de Asia oriental con la costa oriental de EEUU.
Historicamente, el comercio marítimo ha crecido con motivo de la expansión económica que ha caracterizado al mundo en los últimos siglos. El Canal de Panamá es el producto de este crecimiento, por lo que se pronostica un futuro seguro para la vía acuática. Sin embargo, las nuevas tecnologías de transporte, los costos del transporte y el desarrollo desigual de los países que conforman el mercado capitalista mundial pueden alterar rapidamente las ventajas relativas que tiene la posición geográfica del Istmo. Más razón para avanzar con cautela sobre cualquier decisión que se pueda tomar con relación al futuro del Canal.
El Canal de Panamá se inauguró en 1914 y al poco tiempo se convirtió en paso obligado de barcos, mercancías y pasajeros provenientes de todas partes del mundo. Su ruta principal, sin embargo, hasta mediados del siglo XX era la que unía las dos costas del continente norteamericano. A fines del siglo XX, la ruta norteamericana fue desplazada por la ruta que une los puertos del lejano oriente con las grandes ciudades del este norteamericano.
Proyectos de ampliación
Poco antes de la segunda guerra mundial (fines de la década de 1930), EEUU inició planes para ampliar el Canal con el fin de pasar barcos de guerra. El proyecto abortó cuando los estrategas norteamericanos cambiaron de planes. La idea de ampliar el Canal de Panamá ha estado presente desde entonces.
En los Tratados del Canal firmados en 1977 se incluyó una cláusula para que Panamá y EEUU estudiaran la viabilidad de ampliar la vía acuática. Con la participación de Japón, que fue invitada con este propósito, una Comisión formada por los tres países recomendó – en 1993 – la ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas. Esta adición le permitiría a barcos con capacidad de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento hacer el tránsito por el Canal de Panamá.
A partir de 1993, los gobiernos de Panamá han estado estudiando la posibilidad de ejecutar la recomendación de la Comisión. Incluso, una reforma a la Constitución Política le entregó la responsabilidad de efectuar el estudio a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y entregar sus resultados al gobierno nacional. Desde hace casi 10 años la ACP adelanta estudios sobre este tema manteniendo al pueblo panameño, en gran parte, ajeno de sus avances.
Todo indica que la ACP está preparada para presentar su propuesta al gobierno en el transcurso de 2006, probablemente en el transcurso del primer semestre. Si el Ejecutivo y la Asamblea de Diputados aprueban una propuesta de la ACP, se tendría que convocar, en un plazo no superior a los tres meses, al pueblo panameño a un referéndum para que dé a conocer su opinión a favor o en contra.
Las fallas en la propuesta que se avecina
La propuesta de la ACP, a pesar de que aún no se conoce oficialmente, tiene un conjunto de fallas que son objeto de críticas por parte de un sector creciente de la opinión pública. Entre los problemas más serios que enfrenta la ACP se puede destacar, en primer lugar, que su visión del Canal no forma parte de un proyecto nacional de desarrollo. Todo indica que su propuesta sólo beneficiaría a los grandes intereses navieros y sus socios que controlan el comercio marítimo mundial.
En segundo lugar, la ACP no tendría una propuesta financiera que le permitiera al país sacar ventajas de esta iniciativa. Por el contrario, para beneficiar algunos intereses particulares, endeudaría el país y, como consecuencia, al pueblo, agudizando los niveles de pobreza y desempleo existentes. Además, en tercer lugar, la propuesta de la ACP parece contener todos los elementos de secretismo y manipulación tradicionales que perjudicaría a sectores importantes de la población e, incluso, pondría en peligro la integridad ambiental y económica del país.
Hacia la constitución de un Frente por el Canal y el Desarrollo
En este contexto es imprescindible que todos los panameños nos preparemos para enfrentar la ofensiva de la ACP y del gobierno. Al mismo tiempo, hay que preparar alternativas viables para que el Canal contribuya al éxito de un plan nacional de desarrollo que tenga como objetivo principal el bienestar de la población panameña. Este es y siempre ha sido el eje sobre el cual se desarrollaron las luchas generacionales que hoy nos permiten observar con orgullo a la bandera nacional sobre las naves que surcan el Canal así como sobre la cima del cerro Ancón.
Mediante esta convocatoria invitamos a todos los panameños y a sus organizaciones, sin distingo alguno, a sumarse al Frente por el Canal y el Desarrollo Nacional y a integrarse a sus comisiones de trabajo. Seguiremos el camino de los panameños que ofrecieron con generosidad sus vidas y sus esfuerzos, a lo largo de muchas generaciones, para que nuestra posición geográfica y el Canal de Panamá le abran oportunidades de superación a una juventud ávida de conocimiento y superación.
Dado el 25 de marzo de 2006 en la ciudad de Panamá.
Comité ejecutivo del
FRENTE PANAMA SOBERANA
LA AMPLIACION DEL CANAL DE PANAMA
Con respecto a la propuesta de ampliar el Canal de Panamá, por medio de la construcción de un tercer juego de esclusas, a un costo de varios miles de millones de dólares, propuesta que probablemente será sometida a referéndum este año, el Frente Panamá Soberana (FPS) considera, luego de analizar la información disponible, que dicho proyecto sería perjudicial para el país. Ello es así porque:
1. Desde un punto financiero, el proyecto atenta contra los intereses nacionales.
Los estudios de la Comisión Tripartita de las Alternativas del Canal, divulgados en 1993, apuntan a que el proyecto costaría por lo menos siete mil millones de dólares, lo que se invertiría durante un lapso de 6 años, dinero cuya mitad provendría de los excedentes del canal y la otra de préstamos de bancos privados.
Asumiendo un crecimiento intermedio del tránsito por el Canal, las consecuencias de este proyecto serían las de reducir, en cientos de millones anuales, y por casi dos décadas, los beneficios netos potenciales del Canal para Panamá, que deben ingresar al Tesoro Nacional, para cubrir las necesidades de nuestro país.
Y después de esos 15 o 20 años, los exiguos beneficios que arrojaría la inversión no compensarían ni la enorme inversión antes citada, ni el endeudamiento adicional del país.
Si se usa parte de las reservas de la Caja de Seguro Social para financiar parcialmente el proyecto, que es otro objetivo no declarado del Gobierno actual, podría, además, agravarse la crisis del régimen de seguridad social, debido a los riesgos de rentabilidad del proyecto de ampliación del Canal antes referidos.
2. El proyecto tendría consecuencias sociales y ambientales muy negativas.
El proyecto desplazaría a miles de familias de bajos ingresos en el norte de las provincias de Coclé y Colón, cuyas propiedades serían inundadas para suministrar el agua adicional requerida.
La negativa del Gobierno a derogar la Ley 44 de 1999 es la mejor prueba de que dicha intención se mantiene en pie.
El principal impacto ambiental es la ya citada inundación de miles de hectáreas en Coclé y Colón. Pero, además, las tinas de reciclaje, propuestas como abastecedor adicional de agua, podrían contaminar el lago Miraflores, que abastece el sector metropolitano.
3. Pocos serían los beneficiados.
Los principales beneficiarios del proyecto serían las constructoras, bancos, abogados ligados a navieras, así como las navieras y la marina norteamericana, que con las nuevas esclusas podrían trasladar sus barcos porta- contenedores y sus barcos de guerra de gran calado de un océano al otro.
El proyecto además generaría una cantidad aproximada de 6,000 empleos temporales directos, una parte significativa de los cuales serían acaparados por extranjeros y una cantidad similar de empleos indirectos.
Al respecto, el FPS considera que el pueblo panameño obtendría mayores beneficios, empleos, desarrollo, y bienestar social a mediano y largo plazo mejorando e incorporando el Canal de Panamá a un plan de desarrollo nacional, que implique la inversión de sus excedentes de manera más racional, diversificada, solidaria y productiva.
El Gobierno no tiene propuesta alguna para vincular las grandes inversiones en torno al Canal, con otras áreas de desarrollo del país. Panamá tiene grandes ventajas comparativas naturales y artificiales que le permitirían desarrollar proyectos en el sector de transporte, agroindustrial; energético; pesca y ganadería; el turismo ecológico, comercial, de salud y educativo y servicios portuarios.
El Gobierno tampoco ha relacionado el futuro del Canal con las demandas sociales del país. Las grandes inversiones deben ir acompañadas de programas tendientes a fortalecer la salud, la educación, el transporte y el ambiente nacionales. Todos los proyectos gubernamentales deben enmarcarse en una política tendiente a distribuir de manera justa y racional los frutos del desarrollo.
Sin una visión integral sobre lo que podría hacerse con el Canal de Panamá como parte de un plan de desarrollo nacional, el futuro de la vía acuática estará marcado por nuevos conflictos, luchas y protestas populares a lo largo del siglo XXI. En cambio, si nos preocupamos por definir nuestro proyecto de nación, e incluimos el Canal en esa propuesta, garantizamos su plena incorporación al país y su contribución al bienestar de todos los panameños. Este reto sólo lo puede y debe asumir el Gobierno panameño con todos los panameños, sin intervenciones de intereses extranjeros.
4. Problema jurídico del proyecto de ampliación de Canal de Panamá.
El Tribunal Electoral no tiene facultad para reglamentar el referéndum, pues el artículo 327 del Código Electoral (Texto Único), sólo faculta al Tribunal para que, a solicitud del Organo Ejecutivo, “reglamente el referéndum sobre el Tratado o Convenio del Canal”. La reforma constitucional de 2004, en el artículo constitucional 325, inciso 3º., que faculta a la Autoridad del Canal de Panamá (una persona jurídica del mismo nivel que las demás entidades autónomas creadas por Ley) para proponer la construcción de las esclusas, contradice el artículo 315 de la Constitución, el cual establece que “el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación Panameña”; el artículo 1º. de la Constitución, el cual dispone que “la Nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá”; y el artículo 2 de la Constitución, el cual señala que el poder público “lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Estos tres artículos disponen que solamente el Estado, como propietario, puede disponer (proponer) o tomar medidas sobre el Canal, como es la relativa a las esclusas, y no así, una entidad autónoma como lo es la Autoridad del Canal de Panamá.
Mañana o pasado, cualquier persona puede demandar la inconstitucionalidad de cualquier contrato que se celebre para la construcción de las esclusas, ya que es la Autoridad del Canal la que “propone la construcción de las mismas” y después el Ejecutivo, el Legislativo y el referéndum aprobarán o negarán tales esclusas. La construcción de las esclusas debe emanar exclusivamente del Estado, a través de sus Organos, que son los que deben concretar la orden de construcción de las esclusas, y no la Autoridad, a la que la reforma constitucional de 2004 pone por encima del Estado y de sus Órganos, atribuyéndole a ella facultades que sólo corresponden, como reiteramos, al propietario del Canal, al Estado, por conducto de sus Organos.
Se hace evidente una especie de conspiración jurídica entre el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá, en contra de la Constitución Política, en el tema y problema que se refiere a esclusas del Canal de Panamá.
Panamá, 14 de febrero de 2006.
COMITÉ EJECUTIVO
HUMBERTO E. RICORD D., MARCO A. GANDÁSEGUI, h.
ROBERTO N. MÉNDEZ, LUIS CHEN GONZÁLEZ,
MARIO A. RODRÍGUEZ S., DÍDIMO SIERRA G.
FRENTE PANAMA SOBERANA
1. Desde un punto financiero, el proyecto atenta contra los intereses nacionales.
Los estudios de la Comisión Tripartita de las Alternativas del Canal, divulgados en 1993, apuntan a que el proyecto costaría por lo menos siete mil millones de dólares, lo que se invertiría durante un lapso de 6 años, dinero cuya mitad provendría de los excedentes del canal y la otra de préstamos de bancos privados.
Asumiendo un crecimiento intermedio del tránsito por el Canal, las consecuencias de este proyecto serían las de reducir, en cientos de millones anuales, y por casi dos décadas, los beneficios netos potenciales del Canal para Panamá, que deben ingresar al Tesoro Nacional, para cubrir las necesidades de nuestro país.
Y después de esos 15 o 20 años, los exiguos beneficios que arrojaría la inversión no compensarían ni la enorme inversión antes citada, ni el endeudamiento adicional del país.
Si se usa parte de las reservas de la Caja de Seguro Social para financiar parcialmente el proyecto, que es otro objetivo no declarado del Gobierno actual, podría, además, agravarse la crisis del régimen de seguridad social, debido a los riesgos de rentabilidad del proyecto de ampliación del Canal antes referidos.
2. El proyecto tendría consecuencias sociales y ambientales muy negativas.
El proyecto desplazaría a miles de familias de bajos ingresos en el norte de las provincias de Coclé y Colón, cuyas propiedades serían inundadas para suministrar el agua adicional requerida.
La negativa del Gobierno a derogar la Ley 44 de 1999 es la mejor prueba de que dicha intención se mantiene en pie.
El principal impacto ambiental es la ya citada inundación de miles de hectáreas en Coclé y Colón. Pero, además, las tinas de reciclaje, propuestas como abastecedor adicional de agua, podrían contaminar el lago Miraflores, que abastece el sector metropolitano.
3. Pocos serían los beneficiados.
Los principales beneficiarios del proyecto serían las constructoras, bancos, abogados ligados a navieras, así como las navieras y la marina norteamericana, que con las nuevas esclusas podrían trasladar sus barcos porta- contenedores y sus barcos de guerra de gran calado de un océano al otro.
El proyecto además generaría una cantidad aproximada de 6,000 empleos temporales directos, una parte significativa de los cuales serían acaparados por extranjeros y una cantidad similar de empleos indirectos.
Al respecto, el FPS considera que el pueblo panameño obtendría mayores beneficios, empleos, desarrollo, y bienestar social a mediano y largo plazo mejorando e incorporando el Canal de Panamá a un plan de desarrollo nacional, que implique la inversión de sus excedentes de manera más racional, diversificada, solidaria y productiva.
El Gobierno no tiene propuesta alguna para vincular las grandes inversiones en torno al Canal, con otras áreas de desarrollo del país. Panamá tiene grandes ventajas comparativas naturales y artificiales que le permitirían desarrollar proyectos en el sector de transporte, agroindustrial; energético; pesca y ganadería; el turismo ecológico, comercial, de salud y educativo y servicios portuarios.
El Gobierno tampoco ha relacionado el futuro del Canal con las demandas sociales del país. Las grandes inversiones deben ir acompañadas de programas tendientes a fortalecer la salud, la educación, el transporte y el ambiente nacionales. Todos los proyectos gubernamentales deben enmarcarse en una política tendiente a distribuir de manera justa y racional los frutos del desarrollo.
Sin una visión integral sobre lo que podría hacerse con el Canal de Panamá como parte de un plan de desarrollo nacional, el futuro de la vía acuática estará marcado por nuevos conflictos, luchas y protestas populares a lo largo del siglo XXI. En cambio, si nos preocupamos por definir nuestro proyecto de nación, e incluimos el Canal en esa propuesta, garantizamos su plena incorporación al país y su contribución al bienestar de todos los panameños. Este reto sólo lo puede y debe asumir el Gobierno panameño con todos los panameños, sin intervenciones de intereses extranjeros.
4. Problema jurídico del proyecto de ampliación de Canal de Panamá.
El Tribunal Electoral no tiene facultad para reglamentar el referéndum, pues el artículo 327 del Código Electoral (Texto Único), sólo faculta al Tribunal para que, a solicitud del Organo Ejecutivo, “reglamente el referéndum sobre el Tratado o Convenio del Canal”. La reforma constitucional de 2004, en el artículo constitucional 325, inciso 3º., que faculta a la Autoridad del Canal de Panamá (una persona jurídica del mismo nivel que las demás entidades autónomas creadas por Ley) para proponer la construcción de las esclusas, contradice el artículo 315 de la Constitución, el cual establece que “el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación Panameña”; el artículo 1º. de la Constitución, el cual dispone que “la Nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá”; y el artículo 2 de la Constitución, el cual señala que el poder público “lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Estos tres artículos disponen que solamente el Estado, como propietario, puede disponer (proponer) o tomar medidas sobre el Canal, como es la relativa a las esclusas, y no así, una entidad autónoma como lo es la Autoridad del Canal de Panamá.
Mañana o pasado, cualquier persona puede demandar la inconstitucionalidad de cualquier contrato que se celebre para la construcción de las esclusas, ya que es la Autoridad del Canal la que “propone la construcción de las mismas” y después el Ejecutivo, el Legislativo y el referéndum aprobarán o negarán tales esclusas. La construcción de las esclusas debe emanar exclusivamente del Estado, a través de sus Organos, que son los que deben concretar la orden de construcción de las esclusas, y no la Autoridad, a la que la reforma constitucional de 2004 pone por encima del Estado y de sus Órganos, atribuyéndole a ella facultades que sólo corresponden, como reiteramos, al propietario del Canal, al Estado, por conducto de sus Organos.
Se hace evidente una especie de conspiración jurídica entre el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá, en contra de la Constitución Política, en el tema y problema que se refiere a esclusas del Canal de Panamá.
Panamá, 14 de febrero de 2006.
COMITÉ EJECUTIVO
HUMBERTO E. RICORD D., MARCO A. GANDÁSEGUI, h.
ROBERTO N. MÉNDEZ, LUIS CHEN GONZÁLEZ,
MARIO A. RODRÍGUEZ S., DÍDIMO SIERRA G.
FRENTE PANAMA SOBERANA
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